Si no podemos reconocer los patrones que permitieron la violencia que se ejerció en el pasado, como la que se vivió durante la guerra sucia, “difícilmente vamos a responder a la del presente”, a las desapariciones de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violencia sexual, aseguró Carlos Pérez Ricart, doctor en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín.
Por ello, destacó, el trabajo que realizará la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia –de la cual forma parte–, “no solamente trata de escarbar” para saber qué sucedió y determinar responsabilidades, sino también para ser capaces de prevenir violencias actuales.
Advirtió que la tarea que este mecanismo tiene enfrente “es titánica”, y llevará quizá más tiempo de lo establecido, ya que se determinó que estará vigente hasta 2024.
Pérez Ricart, profesor investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), es especialista en el estudio de la relación México-Estados Unidos, seguridad y crimen organizado, tráfico de armas y teorías de formación del Estado; además, cuenta con amplia experiencia en el análisis de información proveniente de archivos de instituciones estadunidenses y mexicanas.
En entrevista con La Jornada, resaltó que, a diferencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada por Vicente Fox, en la comisión sí hay un interés y apoyo presidencial y de dependencias, como la Secretaría de Gobernación, para no sólo esclarecer lo ocurrido entre los años 1965 y 1990, sino que se garanticen mecanismos de no repetición, de acceso a la verdad y de justicia restaurativa, transparentes para que se indemnice de manera integral a las víctimas y sus familiares.
Sobre la judicialización de los casos, Pérez Ricart reconoció que al no ser una fiscalía, “a priori no se propone como un instrumento para llevar gente a juicio, aunque es una posibilidad. Podemos investigar y dar parte a las autoridades de delitos que se cometieron en el pasado y que necesitan ser examinados, pues hay algunos que no expiran”.
No obstante, afirmó, se tienen las condiciones para alcanzar los resultados. “Hay estructura, vamos a ver cómo presupuestalmente esto puede funcionar mejor, pero de inicio yo creo que es inmejorable”.
Respecto de si se tiene confianza en la participación que tendrá el Ejército, en cuanto a la apertura de expedientes y de sus instalaciones, aludió que la comisión buscará que se concrete; sin embargo, anticipó que ello se logrará no sólo en las fuerzas armadas, sino también con las demás instituciones que se muestren reacias a cooperar, “en la medida en que vean interés de la sociedad y que los medios de comunicación nos acompañen, que no nos dejen solos. Es un trabajo que hay que hacer juntos, presionando”.
En este sentido, Pérez Ricart consideró que es “la última posibilidad que tiene el Estado mexicano y la sociedad por esclarecer responsabilidades en torno a lo sucedido en términos de graves violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 y 1990”.
