En México “no se debe normalizar que los más pobres mueran más que los más ricos. Debemos aspirar a un sistema de salud que no dependa del ingreso de las personas”, afirmó Raymundo Campos Vázquez, profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex) y uno de los autores de la primera investigación en el mundo que analizó los riesgos de hospitalización y muerte por Covid-19 de acuerdo con el sueldo.
Reconoce que los hallazgos del estudio –que analizó datos de 412 mil 551 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se realizaron un test de detección de Covid-19 entre marzo y noviembre de 2020– son una fotografía de la desigualdad, pues a pesar de tener acceso a la seguridad social, los trabajadores de más bajo ingreso se aplicaron menos pruebas, y estimó que debido a la falta de información tuvieron acceso más tardío a los servicios médicos.
En entrevista con La Jornada, destaca que los resultados revelan que la tasa de positividad “no cambia sustancialmente con el ingreso”, aunque se detectó que los asalariados de clase media se aplicaron mayor número de pruebas.
Cambios en el tiempo
Otro aspecto relevante de la investigación, publicada en The Lancet Regional Health-Americas –en el que participaron investigadores del IMSS, Banco de México y la Universidad Iberoamericana–, es que la estrecha relación entre mortalidad, hospitalización e ingreso “va disminuyendo en el tiempo”.
Explica que “fue mucho más importante en el inicio de la pandemia (febrero) que en noviembre del año pasado; es decir, posiblemente fue aumentando la información tanto en los pacientes como en el personal médico, lo que pudo incidir en esta caída”.
Sin embargo, subrayó, el estudio revela que los trabajadores de menores ingresos tienen cuatro veces más posibilidades de ser hospitalizados que los de más alta posición, y su probabilidad de morir es cinco veces mayor que los empleados mejor pagados.
Esta desigualdad, estimó, “puede ser mucho mayor en la población que labora en el sector informal, porque el análisis sólo se enfoca a aquellos empleados con seguridad social, es decir, que contaron con la posibilidad de acceder a servicios médicos para la atención del Covid-19”.