La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia que fija la línea limítrofe entre los estados de Chiapas y Oaxaca, y en particular asigna la disputada zona de los Chimalapas a esta entidad. Entre los efectos del fallo que busca cerrar un conflicto territorial de más de 50 años de antigüedad se incluyen la adscripción del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez a Oaxaca, así como un plazo de 30 meses para que los respectivos Congresos locales modifiquen las constituciones y demás normas con la finalidad de adecuarlas a los límites fijados desde “la barra de Tonalá, a los 16 grados de latitud norte en dirección noroeste hasta el cerro de Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo noreste, hasta el denominado cerro de los Martínez”.
Para elaborar el proyecto aprobado por mayoría de 10 votos, el ministro Fernando Franco González Salas estudió documentos que se remontan hasta la época colonial, además de consultar peritajes geográficos y topológicos, análisis jurídicos, y los datos en poder del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Como la propia SCJN reconoce, su resolución no basta para finiquitar un conflicto de enorme complejidad, que se ha prolongado por tanto tiempo y que en ocasiones ha estallado en violencia armada. Para entender la persistencia de este diferendo, es necesario considerar que los Chimalapas abarcan un área de casi 600 mil hectáreas, enmarcada en una de las ecorregiones de mayor biodiversidad y riqueza natural no sólo del país, sino del mundo entero. Entre otros ecosistemas, cuenta con bosque tropical perennifolio y bosque mesófilo de montaña en los cuales se atesoran bienes minerales, hídricos, forestales, faunísticos y genéticos.
Precisamente esa riqueza atrajo a toda laya de personajes ávidos de lucro, y generó una red de complicidades que engloba a caciques, terratenientes, ganaderos, madereros y políticos en la invasión y explotación de los territorios que históricamente han pertenecido a indígenas zoques. Este mismo tejido de complicidades explica que hasta ahora el conflicto permanezca irresuelto, pese a las fallidas tentativas de arreglo. Por ejemplo, hace casi dos décadas, el ex presidente Vicente Fox pretendió zanjar el asunto con una visión propia de sus filias ideológicas, expropiando –con previa y generosa indemnización– a los invasores de una parte del área en disputa y promoviendo la titulación de las tierras como propiedad privada. Tras embolsarse el dinero del erario, los ganaderos mantuvieron el control de la tierra y exigieron se les reconociera como comuneros.
Cabe esperar que la sentencia del máximo tribunal del país marque el inicio de la solución definitiva de esta añeja injusticia, ponga fin a toda forma de violencia entre los actores involucrados, y permita no sólo la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios, sino también la explotación racional y sostenible de este patrimonio natural de importancia planetaria.
