Uno de los métodos más utilizados para evadir, eludir y defraudar al fisco es recurrir a las denominadas factureras, es decir, “empresas” que emiten “comprobantes” ficticios para deducir impuestos y, de pasadita, permitir todo tipo actividades ilegales, entre las que se cuentan el lavado de dinero y la defraudación. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por tal práctica el erario dejó de captar alrededor de 350 mil millones de pesos.
Tiempo atrás, el SAT puso en operación un programa para detectar y erradicar ese tipo de “empresas” (que avanzaron como la humedad en el régimen neoliberal) y, al mismo tiempo, incrementar la captación fiscal, toda vez que, como en su momento denunció el presidente López Obrador, este mecanismo ilegal “es utilizado por gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, servidores públicos y muchos empresarios, que maquinaron todo este fraude con influyentismo; todos van a ser requeridos, no hay impunidad. No vamos a encubrir a nadie”.
Pues bien, la información más reciente ( La Jornada, Dora Villanueva) revela que en lo que va del año, el SAT “ha acreditado la existencia de 875 contribuyentes con operaciones inexistentes, conocidos también como factureros; a tres años de que se reforzó el combate a la evasión y elusión fiscal por parte de la administración federal, se ha reducido en casi un tercio el número de empresas o personas físicas que se encontraban como facilitadores de lavado de dinero y fraude al fisco.
“Desde que se comenzó a llevar el listado –fundado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación– se han encontrado 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones, los cuales, lejos de implicar una mayor recaudación, le restan, pues emiten facturas sin actividad económica que respalde sus comprobantes fiscales, lo que a su vez permite deducir impuestos a otras empresas o bien facilitar el lavado de dinero de actividades ilícitas”. Poco después de tomar las riendas del SAT (diciembre de 2019), Raquel Buenrostro informó que como parte de las investigaciones institucionales se demostró el fraude –sólo en un caso– de 43 factureras relacionadas con firmas fachadas que venden facturas de operaciones simuladas, en las que participaban 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. “El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR), el erario habría captado 55 mil 125 millones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal 2017. Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes, están en varias… hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas”.
Pero el problema no sólo es fuera del SAT, sino dentro del propio organismo. Raquel Buenrostro informó que en los pasados tres años “casi una décima parte de la plantilla que tenía el Servicio de Administración Tributaria al inicio de la presente administración federal ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República por presunta corrupción. Limpiar las oficinas del ente encargado de la recaudación tributaria requeriría mover por lo menos a una tercera parte de los más de 30 mil servidores públicos que laboran en ellas”.
Y en el inventario de hampones internos destaca lo siguiente: “De 2019 a la fecha se ha denunciado a 3 mil 157 personas que laboraban en el SAT, 753 de ellas por contrabando, es decir, que trabajaban directamente en las aduanas o en áreas vinculadas a ellas. En resumen, para poder limpiar al organismo tendríamos que mover de la administración a por lo menos 10 mil personas”, una de cada tres en activo. No es gratuita la sentencia del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda: “En gobiernos anteriores, el SAT era un simulador y distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas”.
Las rebanadas del pastel
Con hedor a charanda y caipiriña, el cerco se estrecha: Interpol emitió ficha roja contra Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex y ahora prófugo de la justicia. Se le acusa por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa al recibir recursos de Odebrecht. ¿Emilio Lozoya tendrá nuevo compañerito de celda?
