San Salvador. Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos expresaron el miércoles su rechazo a Ley de Agentes Extranjeros que promueve el gobierno salvadoreño porque aseguran que busca silenciar las voces críticas.

El presidente Nayib Bukele pidió al congreso que apruebe esa norma para impedir que personas naturales o jurídicas, partidos u organizaciones de la sociedad civil reciban donaciones de extranjeros para lo que se consideren actividades políticas contra su gobierno. La iniciativa surgió luego de que la administración acusó a financistas extranjeros de patrocinar las marchas de protesta en su contra.

El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el abogado Eduardo Escobar, dijo que el objetivo “es aplacar las voces críticas de las organizaciones de la sociedad civil”.

El diputado César Reyes, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirmó en una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que estudia la iniciativa de ley que con ésta el gobierno pretende “socavar nuestra democracia y poner cadenas a las organizaciones de la sociedad civil que defienden el Estado de Derecho, la transparencia y combaten la corrupción”.

La diputada Anabel Bellos, del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), sostuvo en Twitter que el gobierno Bukele no busca transparentar los recursos de las organizaciones, “sino menoscabar su trabajo, su denuncia a los constantes abusos, violaciones a la Constitución y aspiración es dictatoriales”

En respuesta, el ministro de gobernación, Juan Carlos Bidegain, dijo al reunirse con los diputados que estudian la propuesta que “la ley nos permitirá defender la soberanía y la dignidad del país". Agregó que, además, se creará el Registro de Agentes Extranjeros como una nueva dirección del ministerio de gobernación a la que se deberán de inscribir todos los sujetos en virtud de la nueva ley.

La ley prohíbe que las organizaciones que reciban donaciones de un emisor extranjero realicen actividades para fines políticos u otros con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país.

Con la nueva normativa, los sujetos obligados por la ley no podrán usar las donaciones para financiar actividades no declaradas previamente, o que no correspondan con los fines y objetivos establecidos en el instrumento de constitución o estatutos.

Además señala que, por cada transacción financiera, desembolso, transferencias o cualquier otro y que sea proveniente de fondos del donante extranjero, aplicará un impuesto del 40 por ciento.

Bukele aclaró en su cuenta de Twitter que: “El impuesto no aplica para donaciones a programas y proyectos sociales, sino ÚNICAMENTE a las actividades políticas que se realicen a solicitud de un agente extranjero”.