Santiago. Tras maratónica sesión de 22 horas apenas interrumpida un par de veces, la Cámara de Diputados de Chile aprobó por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, algo inédito en la historia del país, que podría rematar en su destitución dentro de unos días, cuando faltan cuatro meses para finalizar su gobierno.

Los parlamentarios comenzaron a sesionar a las 10 de la mañana del lunes (local) y el desenlace se dio cerca de las 7:30 horas de ayer. El “héroe de la jornada” fue el diputado socialista Jaime Naranjo, de 70 años, quien habló sin cesar, con apenas dos pausas, durante casi 15 horas para ganar tiempo y posibilitar que dos parlamentarios cuyo voto era imprescindible para aprobarla, pudieran llegar hasta la sede del Parlamento, tras superar sospechas de contagio de Covid-19.

Corresponde ahora al Senado, que actuará como jurado, pronunciarse, lo cual sucederá la próxima semana. Aunque ahí las cosas pintan algo mejor para el gobernante, porque la oposición sólo cuenta con 24 de los 29 votos que se requieren para ratificarla.

De cualquier modo, se trata de un golpe terrible y demoledor para Piñera, uno más para su segunda presidencia que ha resultado un desastre desde el estallido social de octubre de 2019, justo cuando él decía que el país era “un oasis de paz” y pretendía construir una suerte de liderazgo internacional a partir de la realización en el país de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue trasladada a España por la inestabilidad política y social aquí.

Es la segunda ocasión que Piñera enfrenta un juicio político; la primera, que fracasó, fue en noviembre de 2019, a raíz de las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión de las protestas sociales, que dejaron decenas de muertos y centenares de heridos.

Piñera, cuya aprobación oscila en torno a 15 por ciento, fue considerado responsable de “infringir abiertamente la Constitución y las leyes” en materia de probidad y por “comprometer gravemente el honor de la nación”.

El juicio político fue propulsado por los Papeles de Pandora, que delataron a Piñera y familia negociando, en 2010, durante su primera presidencia, en el paraíso tributario de Islas Vírgenes la venta de 33 por ciento de un proyecto minero en el norte de Chile, por 138 millones de dólares, condicionado a que la zona donde se instalaría la mina, no recibiera protección medioambiental, porque eso podía obstaculizar el negocio.

Pero la acusación fue más allá y recordó que Piñera, que aquilata casi 3 mil millones de dólares de fortuna personal, durante toda su vida mezcló negocios y política, actuando siempre bajo la sospecha de los conflictos de intereses, el uso de información privilegiada a la que accedía y abusando de su posición de poder para beneficiarse sobre terceros.

El texto de la acusación lo hacía notar al decir que “lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña a Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”.

Desde el gobierno, en estado de shock, el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, afirmó que “se aprobó una acusación injusta, con un uso electoral evidente desde que se presentó. Y más que si nosotros hacemos una autocrítica, estamos tristes por lo que hemos visto, un show político y mediático, inaceptable y muy dolorosos para la democracia, más que para el gobierno.

“Esperamos que en el Senado impere la sensatez, pero sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país, hay una oposición que busca destruir al gobierno”, agregó.

En las encuestas, 70 por ciento dice estar a favor de la destitución.