La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles al gobierno de Estados Unidos de promover "condiciones de desestabilización interna" en la isla, al alentar la marcha convocada por opositores para el próximo 15 de noviembre.

Al hablar ante el cuerpo diplomático acreditado en su país, el canciller dijo que La Habana no permitirá "de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis, ocho meses, de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y seguridad ciudadana (…), vayan a aguarnos la fiesta".

Además, el próximo lunes Cuba reabre sus fronteras al turismo extranjero, los estudiantes de primaria vuelven a las aulas y La Habana festeja 502 años de su fundación.

Los organizadores de la marcha del lunes, en La Habana y otras seis provincias, mantienen su determinación de manifestarse pese a la prohibición de las autoridades y la advertencia de que habrá consecuencias penales si se lleva a cabo la protesta.

El gobierno considera que esta iniciativa busca un cambio de régimen y ha acusado a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.

"Son 29 declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del congreso de esa nación, solo desde el 22 de septiembre, casi una diaria, dirigidas todas a alentar, orientar, instigar acciones de desestabilización en nuestro país", dijo Rodríguez a los embajadores.

El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, pidió en Twitter al gobierno cubano "escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para hacer oír sus voces".

Bruno Rodríguez señaló que estas figuras estadounidenses plantean "exigencias" para realizar acciones que en Cuba "no se permiten, ni se permitirán".

Los organizadores de la manifestación en demanda de la liberación de los presos políticos apelan al artículo 56 de la nueva Constitución, que reconoce el derecho a manifestarse, pero el gobierno considera que esta iniciativa atenta contra el carácter constitucional e "irrevocable" del sistema socialista cubano.

La convocatoria ocurre tras las inéditas manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre", que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex.