Oklahoma. La Suprema Corte de Oklahoma anuló ayer un fallo contra el gigante farmacéutico Johnson & Johnson que obligaba a la compañía a pagar 465 millones de dólares en compensación por los daños causados por los opioides, al concluir que un tribunal inferior interpretó mal la ley de alteración del orden público del estado.
La corte falló en una decisión 5-1 que el juez del distrito Thad Balkman se equivocó en 2019 al concluir que J&J y su subsidiaria belga Janssen Pharmaceuticals violaron la ley de alteración del orden.
“La corte ha permitido el uso de demandas de alteración del orden para lidiar con problemas discretos, localizados, no problemas de políticas”, de acuerdo con la opinión escrita del juez James R. Winchester.
“J&J no tenía control sobre sus productos a través de numerosos niveles de distribución, incluso después que vendió los opioides a los distribuidores y mayoristas, que fueron entonces entregados a farmacias, hospitales y consultorios, y recetados por médicos a pacientes". El fallo agrega que la compañía no tenía control sobre la forma en que los pacientes usaron los productos.
El tribunal aseveró que si bien no desea minimizar el sufrimiento causado por los opioides, el tema central es si las ventas y las campañas de mercadeo de la compañía constituyeron una molestia pública.
“J&J ya no promueve opioides por prescripción y no lo ha hecho en varios años”, desde 2015, escribió Winchester. “Incluso con las prácticas de mercadotecnia de J&J, estos medicamentos representaron menos de uno por ciento de todas las prescripciones de opioides en Oklahoma”.
De 2007 a 2017, más de 4 mil 600 personas murieron en el estado por sobredosis de opioides.
La corte rechazó, además, la apelación del estado para aumentar el monto de la compensación.
El fallo se da una semana después de que un juez en California emitió un fallo tentativo que dice que los gobiernos locales no demostraron que J&J usó publicidad engañosa para inflar las prescripciones de sus analgésicos, causando un problema público.
La demanda en Oklahoma por el entonces fiscal general Mike Hunter fue la primera de miles de demandas similares en espera de ir a juicio.
J&J declaró que el fallo anuló un “intento equivocado y sin precedente” para expandir las leyes de problema público.
“Reconocemos que la crisis de opioides es un asunto de salud pública enormemente complejo y sentimos simpatía hacia todos los afectados”, sostiene la declaración. “Las acciones de la compañía respecto de la mercadotecnia y la promoción de esos importantes analgésicos por prescripción fueron apropiadas y responsables”.
