Nuevo Laredo, Tamps., Familiares de víctimas de desaparición forzada por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México expresaron su impotencia y frustración por la liberación de 12 efectivos de esa dependencia acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en la desaparición de varias personas entre febrero y mayo de 2018 en esta ciudad. Los acusados obtuvieron un amparo del juez octavo de distrito con sede en Tamaulipas.

Gregoria Hernández Morales y María Natividad Ballesteros Rodríguez, madres de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatán Ballesteros Loaiza, detenidos y desaparecidos por marinos el 2 de febrero de 2018 en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo, señalaron que supieron de la liberación por los noticiarios.

“Otra vez nos enteramos de lo que pasa en nuestros casos a través de los medios de comunicación, pues los asesores jurídicos que tenemos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no nos informan nada, no nos ayudan en nada”, expresaron.

Los beneficiados con el amparo son 11 elementos y un jefe, todos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, como parte de la causa procesal 305/2021.

“Queremos encontrar a nuestros familiares que siguen desaparecidos desde hace tres años. Queremos justicia y que se castigue a los marinos responsables de esas desapariciones. Ya basta de tanto dolor, sufrimiento e impunidad”, declaró Manuela Trinidad Ramírez, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido junto con Marco Antonio Romero Sánchez el 15 de abril del 2018.

Estrategia de impunidad: ONG

El presidente de la organización no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, señaló que la liberación de los 12 imputados no es casualidad, sino producto de una estrategia jurídica que involucra a funcionarios: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, ex jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina; Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y el abogado Julio César Pulido Segura, director de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV.

“Estos tres personajes han tramado una estrategia institucional para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución. Han omitido actos de investigación por tres años, soslayando evidencia sólida y testigos, e insistido en criminalizar a las víctimas y relacionarlas con grupos delictivos”, explicó.

Raymundo Ramos agregó que el fiscal especial de la FGR, Abel Galván Gallardo, utiliza a dos agentes del Ministerio Público, Antonio Saucedo Cruz y Lester Bautista Mejía, para presionar a las víctimas a fin de que caigan en contradicciones, hostigan testigos y ocultan evidencias que prueban la participación directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas cometidas entre febrero y mayo de 2018.

El litigante adelantó que en la próxima reunión con autoridades del gobierno federal solicitarán la renuncia de esos cinco funcionarios “por evidentemente permitir que, después de tres años, no haya resultados de las indagatorias ni de las búsquedas”.