El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de electricidad como área estratégica. Se busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar la seguridad energética del país, y se ha señalado también entre sus objetivos lograr un mejor costo del servicio eléctrico para todos los mexicanos.
A 39 días, resulta necesario destacar tanto su texto como el contexto. En el primer caso resultan pertinentes las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para enfatizar en la mejor tradición del constituyente de 1917 que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. Y, en consecuencia, establecer que la CFE se integra como un solo organismo del Estado, responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, y que determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como para usuarios finales. Se adiciona un párrafo para establecer que la CFE garantice generar al menos 54 por ciento de la energía que requiera el país, y el sector privado pueda participar hasta en 46 por ciento de esta generación. Asimismo, se incorpora al litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados.
Como condición necesaria para que la transición energética fortalezca la soberanía de la nación, se incluye a las industrias que formen parte de ésta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales. Llama la atención que se ubicó en transitorios determinaciones fuertes que han dado lugar a las más álgidas protestas de sectores nacionales y extranjeros involucrados en proyectos de inversión en el ámbito de energía eléctrica. Es el caso de “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución” y de “las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio. A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior” (el caso más conocido es el del pueblo de Sonora llamado Bacadéhuachi con una empresa china involucrada). Se suprimen los órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y entre otros, se cancelan los Certificados de Energías Limpias. Esto es, a grandes rasgos, el contenido del texto. Ahora bien, respecto del contexto habrá que anotar la pregunta abierta sobre por qué se eligió previamente la vía de una reforma a la Ley de Industria Eléctrica que fue fácilmente detenida mediante amparos, pues lo que procedía era una reforma constitucional como la que hoy se ha presentado. Además, siendo un tema prioritario, ¿por qué se aplazó tres años cuando se tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que sucede actualmente después de las elecciones del pasado 6 de junio?
En situación de desventaja se abre el desafío de conseguir los votos que se requieren entre los opositores, lo cual ha desatado toda suerte de mercadeos y amenazas para finalmente concluir que no se cuenta con las condiciones para aprobar una reforma constitucional. Ello en el terreno legislativo, además en el plano empresarial y el de analistas de medios predomina la narrativa de rechazo y señalamientos de una vuelta al pasado, así como escenarios de crisis y catástrofes.
Nuestro país pudiera ser objeto de demandas de inversionistas bajo los Acuerdos de Protección y Promoción de Recíproca de las Inversiones (Appri), esto independientemente de que en el T-MEC no se asumieron compromisos en materia energética, como sí lo hizo en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el cual ya entró en vigor para México. En ese escenario, la semana pasada 40 congresistas de Estados Unidos protestaron por la contrarreforma eléctrica que impulsa la 4T, al considerarla discriminatoria y proteccionista. A ello se sumó el activismo de su embajador Ken Salazar, quien acudió a Palacio Nacional para externar “serias preocupaciones” al respecto.
En esas horas los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde, anunciaron su decisión de aplazar para abril de 2022 la dictaminación de la reforma eléctrica. ¿Será prioridad de la revocación del mandato? La moneda está en el aire.
