Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN a la Presidencia de la República en 2018, consiguió un nuevo plazo para comparecer ante un juez federal como presunto responsable de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El 31 de enero de 2022 debe acudir de forma presencial o la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar la orden de aprehensión en su contra.
La defensa del panista, señalado de haber recibido un soborno por 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética en 2013, argumentó que no ha podido revisar 137 mil páginas que integran la carpeta de investigación.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia encabezó en el Reclusorio Norte la audiencia virtual en la que se imputaría a Anaya, quien participó vía remota acompañado por su abogado, Fernando Aguilar Sierra, sin que se precisara si estaba en territorio nacional, como lo había exigido el togado.
La presentación se retrasó por problemas técnicos y Anaya pidió al juez que le permitiera la palabra a su defensor; de inmediato, el litigante pidió 40 días para poder revisar el expediente.
La comparecencia duró sólo 20 minutos y el juez autorizó que se realicé hasta el 31 de enero. Antes ya la había cambiado dos veces (26 de agosto y 4 de octubre).
El panista sigue en calidad de imputado y si no se presenta físicamente se le impondrá una multa de 50 unidades de medida y actualización, equivalentes a 4 mil 481 pesos, y la FGR podrá solicitar la orden de captura en su contra.
Los representantes de la Fiscalía estaban listos para pedirla, pero no habían entregado todas las constancias de la investigación en la cual se le acusa de haber recibido dinero del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin.
El aplazamiento fue aprobado, ya que los representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y del jurídico de la Cámara de Diputados no se opusieron.
En un comunicado, su abogado indicó que solicitó el diferimiento “toda vez que ha sido desproporcionado el tiempo que la Fiscalía ha tenido para integrar la carpeta de investigación frente al tiempo dado a la defensa para su estudio, lo cual va en contra del principio de defensa técnica adecuada”.
