Santiago. La Cámara de Diputados de Chile debatía hasta el cierre de esta edición, el juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera, señalado de “infringir abiertamente la Constitución y las leyes” en materia de probidad y por “comprometer gravemente el honor de la nación”, que podría significar su destitución, a cuatro meses del fin de su mandato.
Si la Cámara la sanciona, la acusación constitucional pasa al Senado que, en un plazo máximo de seis días deberá actuar como jurado, requiriendo un mínimo de dos tercios para su dictamen: 29 de los 43 senadores. Algo que se aprecia difícil, ya que la oposición sólo tiene 24.
Es la segunda ocasión que Piñera enfrenta algo similar y el segundo presidente en la historia de Chile.
El caso, apoyado por toda la oposición y que hasta la semana pasada avanzaba sin contratiempos, quedó en entredicho cuando el martes 2 de noviembre el diputado y candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric anunció que dio positivo a Covid-19. De inmediato, además de iniciar una cuarentena de 10 días, quedó impedido de participar de la votación, por cuanto el voto telemático sólo opera en estado de excepción constitucional.
En tanto que otro parlamentario, su jefe de campaña, Giorgio Jackson, resultó ser “contacto estrecho” y también debió encerrarse. Jackson dio negativo a la prueba de PCR y cumplidos siete días de aislamiento, sí podría votar.
Lo anterior restó dos votos favorables a la acusación, uno imprescindible para lograr el mínimo de 78 de los 155 legisladores requeridos.
El oficialismo entró en estado de euforia, la oposición cayó en desesperación. Parecía que otra vez se salvaba Piñera.
Pero un diputado, el socialista Jaime Naranjo, ideó un estrategia de urgencia: la “ley Lázaro”. Ésta consiste en que él hablaría en la Sala continuamente desde las 10 de la mañana del lunes, hasta cerca de las dos de la madrugada del martes. ¿Con qué propósito? Posibilitar que Jackson, el “contacto estrecho” de Boric pero negativo al Covid, completara a la medianoche del lunes los siete días de aislamiento exigidos; y de inmediato viaje desde Santiago a Valparaíso, sede de la Cámara, a unos 100 kilómetros, para votar de forma afirmativa.
A las 10 de la noche (hora local), el diputado Naranjo, de 70 años, había completado 11 horas de uso ininterrumpido de la palabra, avanzando en la lectura de su discurso de mil 300 páginas. Apenas dos veces se le había permitido una pausa de 20 minutos para descansar e ir al baño y, en la segunda, ser chequeado por un médico. Pero él se declaró en buenas condiciones y no puso en duda continuar hablando.
“Esto es un ayuno por la justicia, por las personas a las que violaron sus derechos humanos y que quedaron en la impunidad en la acusación anterior. Es un gesto para que nuestro país no acepte un presidente que falta a la probidad y uno está dispuesto a cualquier sacrificio para que se viva en plena democracia; eso quiero dejar hoy, un testimonio que se puede luchar”, dijo.
El juicio se catapultó por los Papeles de Pandora, donde Piñera y familia figuran, durante su primer gobierno en 2010, acordando la venta en Islas Vírgenes, de 33 por ciento de un proyecto minero a condición de que la zona donde se instalaría la mina no fuese protegida medioambientalmente. Pero también es el corolario del eterno historial de conflictos de intereses y de negocios opacos de Piñera, multimillonario obsesionado con realizar “pasadas” bursátiles con ganancias de corto plazo, hasta convertirlo en la cuarta fortuna del país con una riqueza de 2 mil 900 millones de dólares.
