Morelia, Mich., El gobierno entrante de Michoacán detectó que la pasada administración estatal, que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo, rentó equipo de espionaje por 19.5 millones de dólares, y en 10 dependencias auditadas por la Contraloría estatal encontró deudas no bancarias por 12 mil 780 millones de pesos.
El mandatario morenista Alfredo Ramírez Bedolla señaló: “No tenemos información de a quiénes espiaban, ni creo que nos la vayan a dar, pero estamos investigando el contrato firmado en 2017, y sabemos que una parte se pagó y otra no”.
Puntualizó: “Detectamos que el gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base en arrendamientos: rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, helicópteros, cuarteles de la policía. Por todo se pagaban rentas hasta seis veces más caras que el producto o servicio arrendado”.
En conferencia de prensa, el mandatario indicó que el contrato fue por la supervisión y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y en los 113 municipios, por medio de 12 terminales y pantallas.
Las mayores anomalías, en Educación y Salud
La titular de la Contraloría estatal, Susana Marín, comentó que en la Secretaría de Educación del estado se encontró que ésta tiene un adeudo de 6 mil 23 millones de pesos con terceros y empresas.
La Coordinación de Comunicación Social debe 84.7 millones de pesos a proveedores y medios de comunicación. Sin embargo, “llama la atención que muchos contratos de esta deuda fueron firmados en mayo de este año, cuando estábamos en veda electoral”.
Detalló que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene pagos pendientes por 555 millones de pesos, y falta comprobar 155 millones, pues sólo hay documentos provisionales.
La funcionaria explicó que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario adeuda 79 millones de pesos por renta de maquinaria y falta aclarar el destino de 108 millones de pesos del seguro catastrófico, cuyo beneficiario es el gobierno del estado y no a los campesinos.
En la Secretaría de Salud “no hay información suficiente; están incompletos los expedientes de obras y hay 701 juicios laborales y mercantiles en curso”, apuntó.
