Guadalajara, Jal.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió tres recomendaciones por la arbitraria actuación de personal de corporaciones de seguridad, una por detención arbitraria y agresiones a un menor de edad por policías de Mascota y estatales, otra por violencia institucional contra una menor de edad víctima de violencia sexual y la tercera por dos policías viales extorsionadores que limitaron el libre tránsito a un hombre que circulaba de la Ciudad de México a Tepic.

En Mascota, la defensoría social comprobó que policías municipales y estatales detuvieron “de manera arbitraria”, en julio de 2020, a un adolescente de 15 años quien estaba dentro de una camioneta acompañado de otro familiar.

El muchacho fue amenazado con un arma de fuego por un policía municipal, luego fue sacado del vehículo y arrojado al suelo, donde fue golpeado de tal forma que tras recibir un fuerte golpe en la cara comenzó a llorar.

“El (policía estatal) lo amenazó que si se seguía quejando le hablaría a su comandante y lo iban a desaparecer. Los elementos policiales subieron al adolescente a la patrulla, sujetado y desmayado, y se lo llevaron a la comisaría municipal, en donde, dentro de la celda, lo hincaron y siguieron golpeando”, dice la recomendación.

La madre del menor reclamó el estado físico en que habían dejado a su hijo cuando lo fue a recoger, pero fue rodeada y amenazada con ser detenida.

El menor fue llevado a un hospital de Colima, en donde le tuvieron que hacer una cirugía de urgencia pues tenía destrozada la nariz, mientras la familia ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte de policías de ambas corporaciones.

Referente al caso de abuso sexual infantil, la CEDHJ constató omisiones del personal de la Fiscalía Regional y de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la misma Fiscalía, así como de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto.

Los hechos ocurrieron cuando la joven fue agredida sexualmente por otro adolescente mayor que ella, pero al denunciar “inició el largo camino de obstáculos y victimización que sufrieron la menor de edad y su madre en la búsqueda de procuración de justicia”.

La investigación constató que madre e hija aunque fueron a denunciar a la comisaría en El Salto, luego tuvieron que trasladarse por su cuenta en transporte público a la agencia del Ministerio Público ubicada en la Cruz Verde de Guadalajara a donde las enviaron y donde permanecieron sin ser atendidas desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, cuando se les dijo que debían regresar a interponer su denuncia en El Salto.

Molestas por lo que ocurría, las víctimas acudieron a la CEDHJ que les brindó acompañamiento inmediato y también constató la nueva negativa para recabar la denuncia por parte de la agente del Ministerio Público receptora en la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, en Ciudad Niñez.

Cuando finalmente se atendió la denuncia tras la insistencia de las víctimas y la CEDHJ, la agente ministerial cometió deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, como solicitar a la policía investigadora tener una entrevista con la víctima, pese a que la menor ya había rendido su declaración cuando interpuso la denuncia, “lo cual se convierte en una revictimización”.

Dos meses después de abrir la carpeta en Ciudad Niñez, en mayo de 2020 la carpeta fue enviada a El Salto, donde “tampoco fue integrada diligentemente”, lo que ocasionó que hasta el 12 de febrero de 2021 se ejercitara acción penal.

“Resalta la falta de empatía, sensibilidad, capacitación y coordinación, que se suman a las carencias presupuestales y de personal para una atención integral de las y los menores de edad que puedan ser víctimas de delitos de índole sexual”, sentenció Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, al dar a conocer las recomendaciones.

En el caso de los policías viales, estos detuvieron a un automovilista que circulaba de Ciudad de México a Tepic porque el vehículo no tenía placas. El increpado mostró un permiso provisional expedido en Guerrero para circular sin placas, así como su licencia de conducir del mismo estado, pero los policías le dijeron que sus documentos eran falsos, que “cooperara” con ellos económicamente o le sería incautado su vehículo y lo pondrían a disposición de la autoridad.

Como el agraviado se negó a lo solicitado, los policías viales le informaron que tenían la orden de su superior de recoger todos los automóviles que portaran permisos para circular sin placas expedidos por otros estados, por lo que le dijeron se fuera a la central de autobuses a tomar un camión para Tepic porque el carro ya era de ellos.

Los policías viales pidieron una grúa y asentaron en el folio de infracción de manera falsa que no portaba el cinturón de seguridad y que hablaba por celular mientras conducía.