Con regulación a escala presidencial sólo en cuatro países de América Latina, de concretarse en México, sería apenas la tercera experiencia regional de revocación de mandato. En medio de fuertes tensiones con la oposición en 2004, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obtuvo una amplia victoria de 59 por ciento de votos que rechazaron su remoción. Cuatro años más tarde, en Bolivia, también en un entorno político crítico, Evo Morales obtendría una ventaja aún más amplia, 67 por ciento, en favor de que se mantuviera en el gobierno.
La reforma constitucional aprobada en 2019 en el Congreso mexicano para incorporar la revocación de mandato convirtió al país en el cuarto en incorporarlo para el jefe del Estado, sólo detrás de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero en este último no se ha aplicado, pues el único intento por efectuarlo a Lenín Moreno, en 2019, fracasó. Argentina, Perú, Colombia y Panamá cuentan con ese mecanismo para otros cargos equivalentes a gobernador o alcalde.
El comparativo del marco legal entre los cuatro países convierte a México en el que más laxa es la regulación para promover el ejercicio. La legislación mexicana establece que se requiere sólo 3 por ciento de ciudadanos que le hayan perdido la confianza al Presidente para solicitar formalmente este ejercicio.
La legislación venezolana establece que se necesita 20 por ciento de respaldo de ciudadanos. Corresponde al Tribunal Supremo Electoral determinar su procedencia y, para hacer efectiva la remoción, exige más de 25 por ciento de participación (en México se requiere 40 por ciento para que la decisión sea vinculante).
En Bolivia es preciso contar con un porcentaje de firmas mayor, más de 25 por ciento, pero recolectarlas en tres meses, mientras en Ecuador, con sólo 15 por ciento del respaldo ciudadano, obtenido en seis meses, es el país con mayores facilidades. México requiere 3 por ciento captadas en 45 días.
La revocación de mandato tiene otras dos regulaciones coincidentes en las legislaciones: se deberá efectuar transcurrida la mitad del periodo presidencial y no podrá celebrarse durante el último año de la administración para anticipar su conclusión.
La primera experiencia latinoamericana fue en Venezuela en 2004. Bajo asedio de la oposición, se realizó con un resultado que ratificó la confianza en Chávez con 59 por ciento de respaldo.
