Ciudad de México. Si bien la comisión de la verdad será una instancia que revisará hechos de hace 40 años, “lo hará fundamentalmente mirando al futuro. Su importancia radica en que el Estado reconozca que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia”, afirmó David Fernández, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro e integrante de la comisión. “Si se hubieran esclarecido estos hechos criminales hoy tendríamos unas fuerzas armadas distintas a las que han enfrentado el tráfico de drogas, con menos excesos”.

En entrevista, el activista consideró que no se puede tener una democracia madura y cabal “si no restañamos las heridas. Si se hubiera reconocido el arrasamiento de pueblos, las ejecuciones extrajudiciales hoy no serían reiteradas”.

Para él, los crímenes de entonces se conectan con la realidad actual, la desaparición de personas con motivos políticos que ocurrieron se empatan con las de ahora.

“El pasado no está en el pasado, está ahora y es lo que nos agobia (…) Antes, con la directriz del gobierno civil; hoy, con grupos del crimen organizado que se disputan el territorio”.

Es una tarea contra reloj, “el tiempo es un factor importantísimo porque las víctimas, los perpetradores se están muriendo. Arturo Acosta Chaparro, el criminal, fue asesinado. Sí, el tiempo apremia porque el encargo de la comisión son dos años y medio. No es mucho para lo que se tendría que hacer, pero la posibilidad de la reconciliación está asociada con el esclarecimiento de lo que sucedió”.

–¿Hay confianza en que habrá la voluntad política para esclarecer estos hechos?

–De entrada, sí. A diferencia de gobiernos anteriores, el actual no fue cómplice. No tuvo que ver en la guerra sucia, al contrario, alguno de sus miembros fueron perseguidos. De hecho, están alentando el esclarecimiento. El Presidente y el subsecretario de Derechos Humanos tienen toda la disposición para empujar a que las fuerzas armadas abran sus archivos e instalaciones. Todas, sin restricciones.

A pesar de su confianza, asume que la comisión tiene límites para la judicialización de casos: “No siempre es posible tener pruebas que pudieran conducir a un proceso penal. Hay otro tipo de verdades a la jurídica, las que tienen que ver con la verdad moral en un proceso de reconciliación o de justicia transicional y esta comisión no tiene restricciones al respecto. Habrá casos que se podrán judicializar, pero otros no, aunque no dejan de ser menos verdaderos”.

Lamenta que la comisión no haya emergido de una ley aprobada por el Congreso y surja por decreto presidencial, a pesar de lo cual tiene tareas fundamentales: reconstruir la verdad de cada uno de los casos, las narrativas regionales, porque fue distinto lo que ocurrió en Guerrero que en la Ciudad de México. Dependía de a quién se perseguía, si a una guerrilla rural o a una guerrilla urbana o a un movimiento social.

“Hay que abordarlo caso por caso. Hay hechos emblemáticos como el arrasamiento del pueblo El Quemado después del secuestro de Rubén Figueroa. Fue una actuación criminal, institucional, que involucró muchas violaciones a los derechos humanos. Había un pacto de impunidad, de silencio que conduce a la repetición de conductas lesivas de derechos humanos que tenemos que corregir.”

–¿Habrá delitos prescritos?

–Es posible que estén prescritos si se toman como asesinato o quema de casas. Si se consideran graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no prescriben. La desaparición es un delito continuo.