Este lunes se realizará la audiencia en la que se imputará a Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, como presunto responsable de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En caso de que se presente en el Reclusorio Norte, donde se realizará la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la prisión preventiva, y si no acude –cómo se lo exigió el juez federal que lleva la causa–, se solicitará la orden de captura en su contra y se convertirá en prófugo de la justicia.

Para esta comparecencia una de las condiciones del togado Marco Antonio Tapia Fuerte es que el panista –acusado de recibir sobornos provenientes de Odebrecht por medio del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin–, debe estar presente en el juzgado con sede en el Reclusorio Norte, pues hace tres meses informó en sus redes sociales que se exiliaría.

La primera vez que se difirió la audiencia fue en agosto, luego de que alegara que no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada. En octubre la diligencia se pospuso por segunda ocasión, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia aceptó el argumento de la defensa, que señalaba que la FGR apenas le había entregado mil hojas más de la carpeta de investigación, por lo que no había tenido tiempo de analizarlas.

Anaya enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la actualidad preso en el Reclusorio Norte, para aprobar la reforma energética.

Lo anterior forma parte de las investigaciones a partir de la declaración que hizo el ex funcionario de Enrique Peña Nieto en agosto del año pasado y en la que involucra a ex legisladores y a otras 30 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015 asociados con la empresa brasileña, así como de participar en operaciones fraudulentas contra la compañía productiva del Estado, por la que se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

En una tercera declaración ante la FGR, Lozoya Austin ratificó que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya con el propósito de aprobar la reforma energética; además, señaló que de 84 millones de pesos que dio Odebrecht en sobornos a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos, “una parte fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina”.

Según Lozoya, los mencionados “promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI, parte se distribuiría a los senadores del PAN, al PRI o personas que Luis Videgaray me indicase”.

La Fiscalía investiga también a los ex legisladores blanquiazules Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y al ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al todavía mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En la actualidad el ex senador de ese partido Jorge Luis Lavalle se encuentra vinculado a proceso y preso en el Reclusorio Norte, ya que también formó parte del grupo que habría recibido recursos de Odebrecht por parte del ex director de Pemex y que servirían para que diera su voto aprobatorio a la reforma energética de 2015.

“López Obrador es autoritario, vengativo y quiere destruirme”, señaló Anaya a The Wall Street Journal en su primera entrevista desde que salió de México en julio a un lugar desconocido en Estados Unidos.

El diario señala que Anaya y muchos analistas políticos dicen que las acusaciones tienen poco sentido, dado que él y su partido conservador presionaron durante décadas para poner fin al monopolio gubernamental sobre la exploración petrolera y nunca pusieron en duda el resultado de sus votos. “Si hubiera votado en contra de esa reforma la gente habría pensado que me había vuelto loco”.