Managua. Nicaragua concluyó ayer unas controvertidas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega se encamina a confirmar un cuarto mandato consecutivo, tras 14 años en el poder, sin una competencia real, con siete aspirantes opositores detenidos.

La jornada de votación, vigilada por 30 mil militares y policías, transcurrió sin entusiasmo ni incidentes, estuvo marcada por la “persecusión y el asedio”, reportó Confidencial en su página web, mientras la oposición afirmó que hubo fuerte abstencionismo y el oficialismo hablaba de una gran participación.

Apenas cerradas la urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “farsa” y “pantomina” las elecciones, en contraste con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien felicitó a Ortega ante su predecible victoria y reiteró que “Nicaragua tiene quien la defienda”.

Ortega, quien llegó al poder por la vía de las urnas en 2007 y el jueves cumple 76 años, asumirá, se prevé, la presidencia por otros cinco años, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a Rosario Murillo, de 70 años, su esposa y candidata a la vicepresidencia por segunda vez.

El ex guerrillero sandinista, quien también gobernó el país en 1980, luego de que el FSLN derrocó en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a cinco candidatos desconocidos y considerados colaboradores del gobierno.

El ganador no ha estado en duda, pero como la oposición llamó a no votar, se desconoce la participación de los 4.4 millones de electores llamados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del Ejecutivo.

Al cierre de esta edición el Consejo Supremo Electoral no había dado ninguna estimación de resultados y anunció que habría cifras hasta la medianoche.

Los comicios, considerados no democráticos por la comunidad internacional, se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 para exigir la renuncia de Ortega, en las que grupos defensores de derechos humanos reportaron al menos 328 muertos, lo que sumió a este país centroamericano de 6.5 millones de habitantes en una profunda crisis política.

Cerca de la fecha de estos comicios, en una ofensiva contra la oposición que comenzó en junio, fueron proscritos tres partidos, siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas, políticos, empresarios y periodistas fueron detenidos, sumándose a unos 120 opositores que están presos desde 2018.

Tras votar junto a su esposa, Ortega criticó de nuevo a sus opositores y justificó las detenciones. “Estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones. Son demonios que no quieren la paz”, aseveró, tras calificarlos de “terroristas”.

Con base en leyes aprobadas a finales de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, traición a la patria e incluso de lavado de dinero, como es el caso de quien era la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien permanece en arresto domiciliario.

El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que existía temor y un control social que intimidó a la gente a la hora de votar.

Ortega es señalado por sus críticos de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”. Él acusa a los opositores de “golpistas” financiados por Washington.

En Estados Unidos y Costa Rica, donde se refugian miles de exiliados, hubo protestas. Unos mil nicaragüenses marcharon en San José agitando banderas de su país y cantando “¡Viva Nicaragua libre!”

Movilizaciones similares se organizaron en Barcelona, Miami y Guatemala.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) descalificaron, por separado, estos comicios.

Biden, cuyo gobierno al igual que la UE sancionó al círculo íntimo de Ortega, firmará un arsenal de medidas de acuerdo con la ley Renacer, para aumentar la presión sobre el mandatario centroamericano.

“Le vendieron el alma al imperio hace rato, viven de rodillas pidiendo sanciones contra Nicaragua”, acusó Ortega ayer al referirse a los opositores.

Managua no invitó a observadores de la Organización de Estados Americanos, la UE y el Centro Carter, que cuestionaron la relección de Ortega en 2011 y 2016, y en su lugar acreditó a 232 “acompañantes electorales”, en su mayoría enviados por gobiernos y partidos de izquierda.

Al pedido opositor a boicotear la consulta se sumaron varios sacerdotes católicos que instaron a sus fieles quedarse en casa y no participar en la “farsa electoral”, refirió la agencia de noticias Afp.

El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, denunció que los empleados públicos eran “obligados” a votar por Ortega, con la amenaza de ser despedidos si no acataban.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, quien salió al exilio en 2019, dijo desde Washington: “hoy no es un día de victoria para nadie en Nicaragua”, de acuerdo con Confidencial.

Con una posición opuesta, el obispo de León, René Sándigo, asistió a su centro de votación.

Pese a las constantes alusiones religiosas que durante sus discursos realiza la vicepresidenta y esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia católica son tensas.

En especial tras las manifestaciones de 2018, cuando la jerarquía católica tuvo un papel mediador en un diálogo fallido que buscaba poner fin a la crisis política, que aún persiste.