San Luis Potosí, SLP. Dos diputados locales, uno del PAN y otro del PRI, promueven un Juicio de Protección de Derechos para que nos les bajen el sueldo, tras un acuerdo administrativo que propuso la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal de reducir el 10 por ciento de las dietas de los congresistas, el cual fue aceptado por el resto de la 63 legislatura.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador del grupo parlamentario panista, y el priísta Edmundo Torrescano Medina, han cuestionado la medida y la han calificado de anticonstitucional, además de señalar que afecta el derecho a un ingreso inherente de los ciudadanos que son electos como diputados.

En octubre pasado, la Jucopo, que preside José Luis Fernández Martínez del Partido Verde, aprobó el acuerdo administrativo en el que ordena una reducción del 10 por ciento al salario de todos los diputados de la actual legislatura.

Ambos legisladores alegaron ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) por esto, que afecta el aguinaldo, y expresaron que las remuneraciones ya se encuentran previstas en el presupuesto de este año, por lo que no se puede modificar a la baja.

La reducción trastocaría la política presupuestal del Congreso, expuso Torrescano Medina, pues posibilitaría que otros funcionarios legislativos, los que no precisó, pudieran tener un ingreso superior a los diputados, lo que es ilegal.

Entre los cuestionamientos de los diputados destaca que se ignora cuál será el destino de los recursos que el Congreso se ahorre con ello, y que la disminución de sus ingresos atenta contra las dietas de los servidores públicos, lo que puede suponer una forma de represalia contra el desempeño de las funciones públicas o la intención de demeritar la actuación legislativa, puntualizó el priista.

El diputado inconforme del PAN, externó que tal reducción debe de ir más allá, con reformas a la ley y que no se aplique solamente en el Congreso del Estado sino al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos.

Guajardo Barrera y Torrescano Medina, aún reciben 104 mil 500 pesos, es decir 3,483 pesos diarios, aproximadamente, toda vez que están amparados contra la medida de reducción, que se aplica desde mediados de octubre.