Ciudad de México. De volverse ley, la iniciativa eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador resultaría en “implicaciones crediticias significativas” para proyectos privados de energía, en un debilitamiento mayor del Estado de derecho en México y en arbitrajes internacionales por parte de inversionistas que vienen de países con los que México tiene acuerdos comerciales, alertó Fitch Ratings.

“La propuesta podría debilitar aún más el Estado de derecho en México y desalentar futuras inversiones privadas en el sector. Los inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio podrían impugnar la ley en los tribunales de arbitraje internacional, en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”, alarmó la calificadora de riesgo crediticio.

Lo publicado por Fitch sigue a las primeras advertencias que hiciera la firma de riesgo Moody’s sobre la misma iniciativa que se ha planteado para discusión hasta el próximo año.

La calificadora advierte que se dará “el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, que “la propuesta cancelaría todos los acuerdos privados de compra de energía” y que la terminación de éstos “desencadenaría eventos de incumplimiento y en la mayoría de los casos aceleraría la deuda de los proyectos”.

Esto, para luego agregar que la CFE podría establecer nuevos precios de energía que sean sustancialmente menores que los precios actuales, los cuales, cuando se combinen con niveles de despacho más bajos, erosionarán los ingresos de empresas de generación privadas.

“Actualmente, aproximadamente el 60 por ciento de la electricidad del país proviene de empresas de generación privadas, principalmente a través de instalaciones eficientes a gas y fuentes de energía renovables. Según la nueva propuesta, la generación privada de energía se limitaría al 46 por ciento de la carga del país y debe venderse solo a la CFE a través de contratos bilaterales”, continúo la firma.

Abundó: “si se aprueba la iniciativa, la capacidad del sistema se verá presionada a partir de 2024 y será necesaria la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación necesarios. Es posible que se requieran aumentos de tarifas para los usuarios finales y subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE”.

La firma de riesgo reconoció que no conoce a detalle la propuesta para saber si los pagos por terminación del contrato serían exigibles o si dejarán de ser válidos; pero alertó sobre la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la cancelación de Certificados de Energía Limpia, uno de los mecanismos para promover nuevos proyectos de generación de energía limpia en el país.