El martes 3 de noviembre se presentó el documento Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad, un primer y notable resultado de los empeños del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, conformado por la legislatura pasada y coordinado por el empeñoso y comprometido diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Documento robusto de casi 250 páginas que atinadamente empieza ofreciendo un inventario preciso de lo que se denomina “requerimientos de gasto”, para después revisar temas cruciales para el país y desde luego para la Hacienda Pública del Estado.
Luego de pasar revista a cuestiones como la reforma al sistema universal de pensiones, la creación de un instituto de estudios para la hacienda pública y la realización de una Convención Nacional Hacendaria, el documento termina con un serio y riguroso planteamiento en favor de una restructuración tributaria, emanado y bien sostenido en el mencionado inventario de lo que México necesita gastar para superar su flagrante carencia de bienes públicos e infraestructura básica y estratégica, así como para encarar y superar el desafío mayúsculo que plantea asegurar una vejez digna, protegida y segura a los millones de mexicanos jubilados o en vías de hacerlo.
El escenario del coloquio fue la sala Alfonso Reyes de El Colegio de México y estuvo encabezado por su presidenta, la doctora Silvia Giorguli, y el rector de nuestra Universidad Nacional, doctor Enrique Graue, con la asistencia de un nutrido y variado grupo de representantes de la Anuies, universidades públicas y privadas como el Tec de Monterrey y otros grupos epistémicos, muchos de los cuales participaron en la confección del documento.
Resultado de semanas de trabajo individual y colectivo, sus promotores están convencidos de que el “destino nos alcanzó” y que no admite más pretextos ni postergaciones echar a andar una reforma estatal de gran calado, apuntando al corazón dañado y obturado de nuestra economía política, siempre ubicado en la capacidad del Estado para subsanar oportunamente deficiencias y carencias soslayadas o inducidas por los mercados, pero sobre todo para promover actividades nuevas y estratégicas como las que ya tenemos que impulsar ante la emergencia existencial que el cambio climático ha puesto en la mera médula de nuestro presente.
El esfuerzo concretado en el volumen quiere ser, así lo entiende Alfonso Ramírez Cuéllar, una convocatoria urgente para montar una conversación nacional contra la desigualdad. Al mismo tiempo propone que las universidades, como fuentes de conciencia social abierta, pueden y deben comprometerse más con la lucha contra la desigualdad.
El eje de la reflexión y su llamado a la acción colectiva es la constatación de una malhadada combinación de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza que nos ahoga y divide. Su obligada conclusión es la necesidad de que la nación despliegue un curso de construcción justiciera, redistributiva, entendida como base insoslayable e impostergable de cualquier proyecto de bienestar colectivo y nacional. De aquí la importancia que se le otorga a una propuesta fiscal que centralmente reivindique los criterios de progresividad tributaria que tendrían que asimilarse también como componentes esenciales del gasto público y su programación.
No dudo en calificar la reunión y el documento como un hito en un momento de nuestra vida republicana en que la presencia ordenada y racional del Estado se ha vuelto crucial, porque de eso depende nuestra capacidad de sobrevivir y sobreponernos a tanta adversidad. Asumir la presencia activa y ordenada del Estado no se consigue con sólo desearlo, ni siquiera con la voluntad de unos cuantos. Debe ser resultado de un amplio consenso erigido en torno a cuestiones fundamentales como las exploradas en este valioso esfuerzo intelectual y político de diputados, académicos de universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y empresarios.
Nuestra piedra de toque para este gran acuerdo nacional debe ser la convicción de que, como dijo Alfonso Ramírez Cuéllar en la reunión, “un Estado con crisis y bancarrota fiscal nunca podrá volverse un Estado de Bienestar”, como el que nos urge empezar a construir, porque en eso nos va la vida como nación democrática.
