Managua. Nicaragua celebra hoy elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, y con llamados al abstencionismo, se apresta por un quinto mandato –el cuarto consecutivo– bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca por considerar que estos comicios son irregulares.

El mandatario se enfrenta, bajo la bandera del Frente Sandinista, a cinco candidatos desconocidos y acusados de colaborar con el gobierno: el reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense; el diputado Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista; el abogado Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense; el notario Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República, y el pastor evangélico Mauricio Orúe, del Liberal Independiente.

Este juego “democrático” se acomodó tras el comienzo de una ofensiva de orteguismo contra sus detractores, que ya anuló a tres institutos políticos por violar la ley comicial y ha arrestado a 39 disidentes desde finales de mayo pasado, entre ellos líderes de opinión, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas, así como los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Berenice Quezada.

Los detenidos están acusados, por separado, de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria, terrorismo y lavado de dinero, entre otros cargos, conforme a leyes y reformas aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, que también domina el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral (CSE), las fuerzas armadas y a la policía.

Violaciones a la Constitución

Estas medidas, con las que busca prolongar su gobierno al menos hasta enero de 2027, violan la libertad de expresión, de asociación y de prensa, restringen la participación política de los candidatos de oposición e impide comicios libres, transparentes, inclusivos y observados.

De los 4.4 millones convocados a votar, 65 por ciento lo harían por un opositor y 19 de cada cien se decantaría por Ortega, según un sondeo de Cid-Gallup, aunque la encuestadora progubernamental M&R afirma que 70.7 optaría por el oficialismo. La favorita para vencer a Ortega era Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el dictador Anastasio Somoza Debayle.

En esta contienda también se elegirán, desde las 7 hasta las 19 horas locales, los cargos a la vicepresidencia, 90 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional y 20 legisladores ante el Parlamento Centroamericano. El CSE espera divulgar, bajo la observación de 200 “acompañantes electorales”, los primeros resultados de la votación a la medianoche de hoy, y los resultados totales preliminares se publicarán hasta el próximo día 15.

Desde 2017, Ortega tiene como vicepresidenta a su esposa, la poeta Rosario Murillo, quien se ha convertido en una de las figuras más polémicas y omnipresentes del segundo país más pobre de América, donde, según sus críticos, nada se mueve sin su consentimiento.

“Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario”, expresó hace unos días el mandatario.

En medio de esta crisis política, más de 100 mil nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y han llamado a sus compatriotas a la abstención del voto. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde las protestas de 2018 no son políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.

Los comicios, sin observadores electorales internacionales, han sido criticados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por el incumplimiento de normas mínimas democráticas, así como por la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de injerencia: “Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender”.

Washington ha impuesto sanciones y prohibiciones de viaje a funcionarios nicaragüenses, incluidos familiares de Ortega, mientras trabaja para erradicar la corrupción y deficiencias en la manera de gobernar en otros países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Honduras.

José Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en el municipio de La Libertad, provincia de Chontales, 160 kilómetros al este de Managua, por lo que el próximo jueves cumplirá 76 años. Desde adolescente siguió los pasos de sus padres, Daniel Ortega Cerda y Lidia Saavedra, una familia de clase media opositora al régimen de Somoza.

La otra liberación nacional seis décadas después

En 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comenzó una campaña para derrotar a la dictadura, que dominaba Nicaragua desde 1934. Dos años después, junto con sus hermanos Humberto y Camilo, formaron parte de la guerrilla urbana.

Una de sus principales acciones armadas fue el asalto a un banco en 1967 para financiar al grupo, pero cayó preso siete años. Tras ser liberado junto a otros sandinistas por un comando armado que asaltó la casa de un ministro de Somoza, permaneció en Cuba y Costa Rica por más de cinco años.

En territorio costarricense conoció en 1977 a Murillo, quien nació en Managua el 22 de junio de 1951 al abrigo de una familia de acomodados productores de algodón y descendiente del general Augusto Sandino. La pareja procreó seis hijos y adoptó a tres que ella ya tenía.

La campaña militar del FSLN derrocó en 1979 a Somoza, ampliamente apoyado por Estados Unidos. Dos años después Ortega se convirtió en una figura de la revolución al convertirse en coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que asumió el control del país.

En 1984 el país celebró las primeras elecciones democráticas en casi medio siglo y Ortega se impuso de forma aplastante. A pesar de que los observadores internacionales declararon que los comicios fueron creíbles y justos, Estados Unidos continuó con su apoyo a los “contras”, insurgentes que intentaron acabar con el gobierno del FSLN.

Ante el descontento popular por los años de guerra y una ruina económica, los sandinistas cayeron en las urnas en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, quien gobernó siete años.

En 1998, Zoilamérica Ortega, hija de Murillo con una ex pareja, acusó al mandatario de haber abusado sexualmente de ella desde los 11 años, pero la demanda no procedió por el control que se tenía del oficialismo. Murillo desconoce a su hija desde entonces.

Con el lema “gobernaremos desde abajo”, el hoy mandatario se dedicó a reagrupar a las desmoralizadas bases del FSLN y dirigió violentas protestas contra los “gobiernos neoliberales” de Chamorro y sus sucesores, el liberal Arnoldo Alemán y el conservador Enrique Bolaños. Luego de sus fallidas candidaturas, volvió a la presidencia 2006 con la promesa de “trabajo y paz” para su electorado, y ofreció a Estados Unidos una relación bilateral que abriría una alianza comercial.

Triunfo arreglado

El líder sandinista ganó esas elecciones con 38 por ciento de los votos, como resultado de una negociación semisecreta con Alemán, en 1998, que le permitió aprobar en el Parlamento una reforma electoral que redujo de 51 a 35 por ciento el mínimo de sufragios requeridos para acceder a la presidencia. El pacto también llevó al FSLN a controlar todos los poderes del Estado y lograr amplia mayoría legislativa.

En noviembre de 2011 ganó un segundo mandato consecutivo con más de 72 por ciento de los sufragios, en unas elecciones que sus rivales señalaron de fraudulentas. Los observadores electorales internacionales dicen que las irregularidades no fueron suficientes para alterar el resultado, pero el proceso le dio a su partido sandinista una mayoría de dos tercios en el Congreso, suficiente para cambiar la carta magna de derechos y obligaciones.

En 2014 el Congreso modificó la Constitución para eliminar los límites de mandato, lo que permite a Ortega postularse para un cargo por tiempo indefinido.

Dos años después, Ortega ganó un tercer mandato consecutivo, con más de 72 por ciento. Poco antes de los comicios, la Corte Suprema remplazó al líder del principal partido opositor por alguien con fuertes vínculos del oficialismo.

Miles de nicaragüenses protestaron en marzo de 2018 contra un plan de reforma de la seguridad social que se transformó en un descontento social más amplio que exigía la renuncia de Ortega.

Las movilizaciones siguieron después de que el mandatario abandonó la reforma y una represión que dejó más de 300 muertos.