Managua. “En los últimos años estaba realmente lleno… Antes tenías que (esperar) en una gran fila para venir aquí y ahora está vacío”, dijo la nicaragüense Mayela Rodríguez desde un centro de votación que este domingo lucía prácticamente desierto en esta capital.

Junto con esta escuela, otros 13 mil puntos fueron habilitados en Nicaragua para las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo.

Los comicios han sido cuestionados pues los aspirantes con posibilidad de disputarle el poder permanecen en prisión. La oposición pidió a los nicaragüenses que se quedaran en casa en protesta por un proceso electoral criticado de forma generalizada y que las potencias extranjeras consideran poco creíble.

Las urnas cerraron a las seis de la tarde en todo el territorio. El Consejo Supremo Electoral indicó previamente que los primeros resultados parciales se publicarían en torno a la medianoche. El conteo provisional se esperaba para el lunes.

Los comicios determinarán quién ostentará la presidencia durante los próximos cinco años, además de 90 de los 92 escaños del congreso nacional y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.

Más de 4.4 millones de nicaragüenses de 16 años en adelante estaban aptos para sufragar.

En Managua y las principales ciudades del país, las calles lucían con poco tráfico desde temprano y numerosas viviendas y comercios cerrados, pese a que desde la noche del sábado la policía levantó la prohibición de venta de licor en bares, restaurantes y tiendas de conveniencia.

En la mayoría de las juntas receptoras de votos el trámite del sufragio fue ordenado y rápido debido a que no se formaron largas filas, según dijeron varios votantes.

El proceso del voto duraba en promedio entre 5 y 10 minutos. Los centros de votación ubicados en los colegios Maestro Gabriel, Rubén Darío, Salomón Ibarra y Experimental México, todos en la populosa y comercial zona oriental de la capital, quedaron vacíos a partir de las primeras horas de la tarde, según pudieron observar periodistas de AP durante un recorrido.

Entre los votantes destacaban activistas de la Juventud Sandinista, organización adscrita al partido de gobierno, como Edwing Dávila, de 25 años y originario del departamento de Carazo, al sur de la capital. “Voto porque es mi derecho como ciudadano, por amor al Frente Sandinista y porque quiero más progreso para mi país. No puedo engañarme a mí mismo negando que Nicaragua ha avanzado con el gobierno del presidente Daniel Ortega”, declaró Dávila.

Por su parte, Raquel Baltodano, ayudante en una tienda de abarrotes de la zona occidental de esta capital, dijo que acudió a sufragar bajo coacción: “Mi patrona es sandinista y me dijo que si no votaba me iba a correr (despedir) del trabajo”.

El gobierno no invitó a observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, que cuestionaron la reelección de Ortega en 2011 y 2016, y en su lugar acreditó a 232 “acompañantes electorales”, en su mayoría enviados por gobiernos y partidos de izquierda.

Entre los observadores se encuentran Dmitry Novikov, representante de la Duma Estatal de Rusia, quien recorrió algunos centros de votación de Managua acompañado por sus colegas de Osetia y Abjasia del Sur. También lo hicieron miembros de una delegación de México, que elogiaron “la transparencia, orden y organización” de las votaciones, según reportó el oficialista canal 4 de televisión.

En rueda de prensa, Novikov dijo que en esta elección observó “respeto al principio de no injerencia” y criticó a políticos europeos que han cuestionado a Ortega por la falta de transparencia en el proceso electoral. “Los parlamentarios rusos nos guiamos siempre por el principio de no intervención y no injerencia”.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados controlan el Congreso y las instituciones del gobierno. Ortega sirvió un primer mandato como presidente entre 1979 y 1990, antes de regresar al poder en 2007. Hace poco declaró “copresidenta” a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ese cargo no existe en la Constitución.

La policía detuvo en junio a siete aspirantes a la presidencia por cargos que básicamente equivalían a traición. El día de las elecciones seguían detenidos. Otras dos docenas de líderes opositores fueron detenidos antes de la votación. Los otros candidatos del domingo eran políticos poco conocidos de partidos menores considerados como afines al FSLN.

La víspera, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se declaró en “estado de alerta” tras reportar la captura de al menos ocho de sus dirigentes “secuestrados —según dijo— por el régimen en redadas ilegales” durante la tarde y noche del sábado. La Alianza Cívica denunció a su vez casos de “hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques, detenciones ilegales y arbitrarias” de algunos de sus dirigentes en diversas localidades del país.

Los observatorios ciudadanos Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco —vinculados a la oposición— reportaron 21 arrestados en nueve provincias, de los cuales —aseguraron— cinco fueron liberados.

La Policía Nacional no había confirmado ni desmentido las denuncias opositoras. Después de ejercer su voto, tanto el director de la policía, Francisco Díaz, como el jefe del Ejército, general Julio Avilés, aseguraron que las votaciones se desarrollaban en “completa tranquilidad”.

El domingo por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en su cuenta de Twitter que recibió información sobre “allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa. Insta al Estado a cesar la represión contra líderes y lideresas de oposición, y defensoras y defensores”.

Ortega y su esposa sufragaron al mediodía en el capitalino reparto El Carmen, donde se ubica el supervigilado complejo que alberga su residencia y la secretaría del (FSLN). Posteriormente, Ortega dio un discurso ante activistas de la Juventud Sandinista, en el cual arremetió contra Estados Unidos y volvió a acusarlo de “fomentar y financiar las protestas masivas de abril de 2018, que su gobierno calificó como “un fallido golpe de Estado”. Agregó que Estados Unidos “sigue conspirando porque no quería que se realizaran estas elecciones".

Con pocas dudas sobre el resultado de las presidenciales, el interés se centraba ya en la respuesta internacional conforme Ortega intenta estrechar su control sobre el poder. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra el círculo interno del mandatario, pero la respuesta del gobierno fue detener a más opositores.

Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, dijo que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a considerar más sanciones dirigidas, pero había intentado evitar medidas que afectaran de forma más general al pueblo nicaragüense.