Chilpancingo, Gro. Familiares de desaparecidos en la conocida como “Guerra Sucia” (1969-1979), tienen grandes expectativas de la recién nombrada Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia.

Afirman que finalmente se llevará al banquillo de los acusados, “a los elementos del Ejército Mexicano y a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que asesinaron, torturaron, desaparecieron y desplazaron a nuestros familiares durante la guerra sucia que vivió el país ”, dijo Octaviano Gervasio Serrano, del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados en la Guerra Sucia del municipio de Atoyac.

En entrevista, Gervasio Serrano dijo que “lo que nosotros buscamos es que ahora sí, con esta Comisión de la Verdad, cese ya la impunidad y la simulación”.

Gervasio tenía apenas 8 meses en el vientre de su madre cuando, el 26 de junio de 1974, soldados del Ejército Mexicano se llevaron a su padre, Octaviano Gervasio Benítez, quien en ese entonces era un campesino de 22 años de edad.

“Nosotros no vamos a permitir que sea una simulación más del Estado mexicano, que en realidad sea algo serio y que de una vez por todas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dé la indicación a la Secretaría de la Defensa Nacional y ésta entregue todos los expedientes. No vamos a parar en eso”, indicó.

Afirman reconocer la voluntad política del presidente López Obrador, más no confian en Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, porque “es un simulador”. Argumentaron que le solicitaron una audiencia por escrito desde hace dos años y no les ha dado respuesta.

Los inconformes promueven alrededor de 30 amparos y acusan que hay una omisión del Ministerio Público al realizar la investigación respecto a los casos de la guerra sucia. “Tenemos 44 víctimas directas entre ellas 30 por desaparición forzada, y 14 por torturas, aunque lamentablemente algunos ya fallecieron”, afirmó Gervasio Serrano.

“Entre los casos que llevamos, están los de la dirigente estudiantil Victoria Hernández Brito, desaparecida en Iguala, y el caso de Marcelo 'N', originario de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac de Álvarez, que fue detenido y desaparecido, el 2 de diciembre de 1974, cuando estaba con Lucio Cabañas, en Otatal, lugar donde murió el comandante; y también el caso de mi papá, Octaviano Gervasio Benítez”, aclaró.

Aleyda García Aguirre, una de las cinco comisionadas, dijo en su intervención que no se puede seguir manteniendo la impunidad de esa etapa, porque hoy, con las desapariciones forzadas de este tiempo en donde el gobierno se confabula con la delincuencia organizada, se seguirá arrastrando el mismo patrón de impunidad.

“¿Por qué traemos ese padrón de impunidad durante todos estos años?, cuestionó. Pues porque no ha habido justicia; mucha gente, sobre todo los conservadores, atacan y dicen que ya pasó mucho tiempo. Si no se corta la impunidad, dentro de 40 años van a seguir las desapariciones forzadas”, afimó.

García Aguirre argumentó que por ello se necesita que se lleve a juicio a los responsables de las desapariciones, ya sea el ejército, y en general todos los que intervinieron. Apenas en diciembre de 2020, en un país europeo enjuiciaron a un criminal nazi, y aquí el abogado que llevó el caso del compañero Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo en una entrevista que en México no había una sola sentencia condenatoria por las desapariciones forzadas de la guerra sucia, y eso es increíble”.

Gervasio afirma que, en su papel de abogado, “tengo acceso a varios expedientes, y en todos hay una simulación terrible; por eso no vamos a permitir que continúe está práctica simulatoria. Somos los hijos de los desaparecidos, y somos la última generación, por eso tenemos una gran responsabilidad de hacer las cosas bien”.

Señaló que los datos oficiales de desaparecidos en el país no concuerdan con la realidad: “por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos maneja la cifra de 535, de los cuales 300 son de Guerrero; pero se habla de más de mil desaparecidos, de ellos más de 700 sería en nuestra entidad”.

Les informaron a los activistas que la comisión de la verdad está elaborando los reglamentos y lineamientos de cómo se va a trabajar, afirmando, que se van a implementar varios mecanismos como justicia, reparación del daño, memoria, verdad histórica, entre otros.

Se espera que no se vayan a cometer los mismos errores que tuvo la comisión de la verdad del estado Guerrero en relación a lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Gervasio piensa que “no se tomó en cuenta a los familiares de las víctimas; se apropiaron tanto del tema, que se olvidaron que las víctimas también somos los familiares”.

Dijo que aquella comisión de la verdad “no hizo un buen trabajo; muchos testimonios que expusieron, “se lo pegaron” a otras víctimas. “Un ejemplo es el de nuestro colectivo, en donde tenemos familiares en Chilpancingo que no fueron llamados para que rindieran su testimonio por la desaparición forzada de sus familiares.”

Dicha comisión está integrada por Abel Barrera Hernández, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Eugenia Allier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Aleyda García Aguirre, historiadora y experta en el tema de la tortura; David de Jesús Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y Carlos Alonso Pérez Ricart, profesor Investigador en Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.