El 21 de octubre tuvo lugar el Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), convocado por el Grupo Promotor del Espacio de Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil Nacional. Éste se encuentra conformado por un grupo de organizaciones de distintas partes del país, las cuales desde hace tiempo, algunas desde hace décadas, iniciaron un proceso conjunto de reflexión y articulación. En el encuentro estuvieron presentes cerca de 300 OSC de diferentes partes de México.
Es menester señalar que la gran mayoría había participado en encuentros regionales preparatorios, en los cuales se compartieron balances y diagnósticos en materias como la fiscal y la política, por mencionar algunos ejemplos, sobre la situación que hoy viven. En el encuentro se hizo evidente el desafiante escenario al que se enfrentan las OSC ante la indiferencia, el menosprecio y la marginación del actual gobierno, el cual no las ha considerado como parte de su proyecto.
En el Encuentro se revisaron las relaciones entre el gobierno y las OSC. De ahí que se hizo necesario analizar las estrategias de diálogo político que promueven las organizaciones ante los gobiernos locales, estatales y federales, para lograr interlocuciones eficaces, creativas, críticas y responsables, que les permitan continuar con su incansable trabajo por construir una nación más justa, digna y en paz para todas las personas, ya que sus actividades van desde la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, hasta la búsqueda y promoción de la paz y la participación ciudadana.
A manera de memoria, se recordaron algunos hechos importantes, entre ellos la circular del Ejecutivo federal de febrero de 2019, que prohibió a todo su gobierno destinar recursos públicos para fomentar los proyectos y procesos de colaboración de las OSC. Con ello se canceló y desconoció el ser y quehacer cotidiano de miles de organizaciones que trabajan bajo condiciones adversas. Acciones como la mencionada se han presentado en los últimos dos años, acompañadas de descalificaciones sistemáticas que han puesto en una situación de mayor riesgo a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Ello ha significado una violación al marco legal que ampara a las OSC: la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, la cual, dicho sea de paso, está incluso en riesgo de desaparecer.
A pesar de todo, diversas OSC manifestaron estar de acuerdo con diversos programas del gobierno federal, así como con el combate a la corrupción, la recuperación de la rectoría del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica y la redistribución de recursos a las personas más pobres, como madres cabeza de familia, personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores y campesinado. Lo cual, sin duda, es un punto de partida importante para lograr la justicia social y la distribución de la riqueza.
No obstante, se considera que dichas medidas por sí mismas no generan políticas públicas integrales para reconstruir el tejido social, impulsar cambios estructurales y hacer exigibles y justiciables todos los derechos humanos. Que no alcanzan tampoco para que las miles de víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos tengan verdad y justicia, ni para combatir a fondo las causas de la pobreza, la violencia generalizada, la migración, la discriminación, la violencia de género y el cambio climático.
En efecto, numerosas OSC trabajan en agendas que apuestan a la defensa y promoción de los derechos humanos, aunque se reconoce que hay otras que están al servicio de intereses neoliberales. Sin embargo, las OSC no comparten el discurso único, ni las prácticas corporativas y fiscales represivas de la relación con las organizaciones ciudadanas y académicas, que están ya cancelando espacios cívicos. Se consideran aliadas de este gobierno, pero aliadas conscientes, responsables, autónomas, críticas y propositivas. Y pese a todo, diversas OSC siguen empeñadas en alcanzar un estado de derecho que revierta el centralismo, la exclusión de actores no gubernamentales en la vida pública y la cancelación de espacios cívicos. Abogan así por un entorno propicio que articule sociedad civil y gobierno.
Por tanto, invitan al gobierno federal, así como a los estatales y municipales, a generar diálogos políticos que impliquen el reconocimiento mutuo entre gobierno y organizaciones, tomando en cuenta la historia, la experiencia y la voz de todos. De igual manera, impulsan acercamientos que se generen desde horizontes sociales y políticos comunes, dentro de una agenda compartida que permita a ciudadanía y gobierno enfrentar de común acuerdo al neoliberalismo y salir al paso a las causas de problemas estructurales, como la pobreza y la violencia, a través de la más amplia participación ciudadana en el diseño y operación de políticas públicas.
