A través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica ibérica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas de dicha confesión. Una investigación de la Universitat Oberta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluyó en junio pasado que hasta ahora las autoridades religiosas han eludido investigar a fondo los casos, por lo que las declaraciones de monseñor Argüello parecen reflejar la postura del conjunto del episcopado.
Este posicionamiento contrasta con el reconocimiento que el máximo líder católico, el papa Francisco, ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, con el llamado del pontífice a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas. Mientras en Francia la Iglesia reconoció la “responsabilidad institucional” y la “dimensión sistémica” de los ataques; en Alemania financió un estudió que halló 3 mil 677 casos entre 1946 y 2014, y en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de los abusos, en España apenas reconocen 220 episodios de este tipo de 2001 a la fecha.
La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar los delitos sexuales perpetrados por sus integrantes no puede desvincularse del enorme poder económico e influencia política de que goza. Debe recordarse que en España la Iglesia católica se encuentra subvencionada por el Estado, tanto de manera directa como indirecta: según la organización Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19 mil personas que imparten esta religión en los centros educativos (quienes son designadas por los obispados, pero pagadas por la Administración) asciende a 600 millones de euros anuales; pero si se suman todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11 mil millones de euros al año, más de uno por ciento del producto interno bruto. Más allá de lo financiero, su ascendiente entre la clase política es tal, que el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha sido el primero en prescindir de biblias y crucifijos en su toma de posesión.
La persistencia de estos subsidios, su actitud arrogante y omisa ante el sufrimiento de las víctimas de abuso sexual, y la complicidad de las autoridades que miran hacia otra parte, pueden leerse como ejemplos de la impronta fascista que sigue viva en sectores de la institucionalidad y la ciudadanía españolas, como bien demuestran los índices de votación de formaciones velada o abiertamente franquistas, entre las que se cuentan el Partido Popular o Vox.
Como señaló una de las víctimas de los clérigos, la falta de voluntad para dar con la verdad resulta vergonzosa y perpetúa una herida que ha destrozado las vidas de quienes la padecieron. Cabe hacer votos porque la sociedad española logre sacudirse esta pesada herencia del franquismo y empuje un proceso de esclarecimiento y saneamiento de una institución que está a cargo de la vida espiritual de decenas de millones de personas, y que tiene en sus manos la educación de un millón y medio de niños.
