Santiago. Transcurridos tres días desde la muerte del comunero mapuche Jordan Lliempi Machacan, de 23 años, en un incidente protagonizado por infantes de Marina y carabineros chilenos en la Araucanía, hechos en los que además hubo tres civiles heridos con armas de fuego y tres detenidos, continúa siendo confusa la versión de los sucesos dada por el gobierno que acusó una “emboscada terrorista” contra el personal militar y policial.

Las explicaciones que entregaron tanto el presidente Sebastián Piñera como su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acerca de lo ocurrido la tarde del pasado miércoles en la carretera rural que une las localidades de Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco, referían que patrullas policiaco/militares habían sido tiroteadas “con armas de grueso calibre” desde el bosque aledaño, por lo cual abrieron fuego en respuesta. Pero esa versión fue cuestionada por al menos un testigo que circulaba por la vía, quien declaró que los marinos dispararon sin motivo en contra de los vehículos que iban en la misma ruta, después de que los elementos militares les habían autorizado a avanzar.

La Fiscalía Regional del Biobío decidió realizar dos indagatorias acerca de los sucesos en Cañete, 630 kilómetros al suroeste de Santiago. Una como causa de derechos humanos, a cargo del fiscal Nelson Vigueras, y otra como un caso de violencia rural, que estará en manos del fiscal Juan Yáñez. Al primero le toca determinar la participación de agentes del Estado en “la muerte de una persona y las lesiones ocasionadas a al menos otras tres, y en ese empeño será apoyado por un equipo especializado en vulneraciones de derechos fundamentales, de la PDI (Policía de Investigaciones)”, detalló la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Explicó que “por los antecedentes preliminares que conocemos, se podría tratar de violación a los derechos humanos, y la idea es que los delitos relacionados sean investigados por un prisma específico que tienen tanto el fiscal como esos policías”.

Mientras, el fiscal Yáñez se concentraría en “determinar la implicación de las tres personas detenidas el jueves como probables responsables del atentado contra la autoridad e infracción a la ley de armas. También se incluye lo referido a la denuncia ingresada este viernes por la Armada en contra de dos de los tres acusados de comenzar los disparos”, agregó.

No obstante, el Ministerio Público decidió no vincular a proceso ante el juzgado de Cañete a dos de los aprehendidos, de 21 y 15 años, porque “no fue posible reunir evidencias suficientes que permitieran formular cargos”, se explicó.

Sólo se formalizó la indagatoria contra José Llempi Machacan, de 21 años, hermano del fallecido, a quien se acusa de receptación y tenencia ilegal de municiones, aunque el juez estableció el arresto domiciliario.

El jueves, el presidente Piñera declaró que los detenidos fueron relacionados con delitos de posesión de “armas de fuego, un fusil y municiones de guerra y un vehículo con reporte por robo”.

El Covid-19 favorece a Piñera

En otro asunto, la acusación constitucional en contra de Piñera, que deberá votarse en la Cámara de Diputados el lunes, podría estar a punto de fracasar a causa del diagnóstico de Covid-19 del diputado y candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric, porque tanto él como otros dos parlamentarios, que resultaron ser “contactos estrechos” del primero, deben cumplir aislamiento sanitario y no podrán asistir a la sesión programada para ese día; y no está permitido el voto telemático. Para ser aprobada y avanzar al Senado, la acusación requiere de 78 votos a favor, siendo indispensables tanto el sufragio de Boric como de los otros dos legisladores, que están impedidos de hacer vida pública hasta el martes o miércoles próximos.

La cámara la integran 155 diputados, de los cuales 73 son oficialistas, 80 de la oposición y dos independientes.

Este viernes, la comisión revisora de la acusación la rechazó en una decisión no vinculante para la sala legislativa, al recibir dos sufragios a favor, dos en contra y una abstención, esta última del parlamentario independiente Pepe Auth, quien hasta 2016 militó en el centrista Partido por la Democracia.

El juicio político –que es respaldado por la totalidad de la oposición y que busca destituir a Piñera por “infringir abiertamente la Constitución y las leyes” en materia de probidad y por “comprometer gravemente el honor de la Nación” –es el resultado de las revelaciones de los papeles de Pandora, donde él y su familia figuran por hechos acontecidos durante su primer gobierno en 2010, cuando acordó la venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes de 33 por ciento de las acciones de un proyecto minero, a condición de que la zona donde se instalaría la mina no fuese protegida por leyes ecológicas, algo que efectivamente no sucedió.