Zacatecas, Zac., Veinticinco de los 30 diputados de la pasada 63 Legislatura local utilizaron “una red de empresas fantasmas dedicadas a la emisión de facturas falsas, con domicilios fiscales en la Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Aguascalientes y Zacatecas, para cometer un desfalco superior a 200 millones de pesos, de acuerdo con un “acervo de 5 mil copias de facturas, recibos, contratos y otros documentos administrativos” en su poder, reveló ayer en conferencia de prensa realizada en el vestíbulo del Congreso local el diputado Luis Ernesto González Romo, del partido Morena.
Este “es posiblemente el mayor escándalo de corrupción en esa legislatura”, y anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de las que ya interpuso ante la Auditoría Superior del Estado y otros órganos locales.
Los involucrados, advirtió, “podrían ir a la cárcel por los delitos de defraudación fiscal y delincuencia organizada”, pero no quiso revelar públicamente sus nombres “para no afectar el debido proceso y permitir que los presuntos responsables sean castigados”.
“Todo era una simulación”
Ese esquema, detalló González Romo, operaba a través de los Servicios Legislativos, del capítulo 3000, en el cual se señala que cada legislador reciba más de 200 mil pesos mensuales para la contratación y compra de asesoría, estudios y asistencia técnica, quedando obligados a comprobar esos recursos conlas facturas. “Pero todo era unasimulación”.
Personalmente, añadió, investigó los domicilios fiscales de las empresas que ofrecían asesoría –algunas a varios diputados a la vez– y una de las involucradas le reveló que ellos facturaban, simulaban iniciativas que en realidad eran elaboradas por el personal técnico de los diputados, es decir, le cobraban a la legislatura por esos estudios ya hechos”.
Las empresas exigían a cada legislador 200 mil pesos al mes por la asesoría. Sin embargo, las mismas factureras –que en realidad eran inexistentes–, luego regresabanel dinero en efectivo a los diputa-dos: 180 mil pesos por una comisión de 10 por ciento por la operación de simulación realizada”. Algunas de las empresas factureras son Grupo Ferse de Zacatecas SA de CV, que comparte domicilio fiscal con varias constructoras y Boccacio, que tiene domicilio fiscal en “una tiendita de abarrotes”. Asimismo, Innovaciones Beatanus SA de CV, cuyo domicilio fiscal “es un edificio de oficinas virtuales en la Ciudad de México” fueron dadas de alta ante el mismo notario público.
Aparecen involucradas además la empresa K&VN Consultores SC, con domicilio fiscal “en un restaurante de la ciudad de Oaxaca” y cuyo representante legal tiene antecedentes penales por fraude específico.
Finalmente aparece, entre otras empresas, Salka Bastimentos SA de CV, que tiene domicilio fiscal “en un inmueble de interés social en Aguascalientes”.
