Chilpancingo, Gro., Autoridades de la comunidad me’- phaa de San Miguel del Progreso (Júba Wajiín), municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta de Guerrero, presentaron su estatuto comunal este viernes, ante el Registro Agrario Nacional (RAN), con el que buscan impedir que se otorguen concesiones de su territorio a empresas mineras nacionales y extranjeras, así como regular las prácticas comunitarias. Esperan recibir respuesta en dos meses.
Este documento que es uno de los pocos redactados en un idioma original (me’phaas tlapaneco), es “una ley aprobada por la asamblea (máxima autoridad), dirigida también a las empresas extractoras (mineras) para que respeten el territorio”,informaron en conferencia de prensa, los abogados Aarón Díaz y Amado Galeana, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Al respecto, Cresencio Hilario Solano, presidente del comisariado de los bienes comunales, acompañado por Artemio Flores, secretario, y Justino Santiago, del consejo de vigilancia, recalcó que el texto “es una ley del pueblo legitimada por la asamblea, efectuada por los habitantes de Juba Wajiín, pero con su inscripción en el RAN, el pueblo me’phaa reafirmará sus usos y costumbres o sistema normativo comunitario, el ejercicio de los derechos colectivos, la comunalidad, el tejido comunitario, el derecho a la libre determinación, a su autonomía y a sus procesos autogestivos”.
Estatuto comunal les llevó dos años
Informó que por dos años trabajaron en el texto, “que no está fuera de la Ley Agraria, pues en 2011 inició la lucha en defensa del territorio contra las empresas mineras que pretendían despojarnos, debido a que la Secretaría de Energía (SE), sin consulta previa, otorgó las concesiones Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas a la empresa minera Hochschild México SA de CV para realizar trabajos de exploración y explotación de minerales en las tierras de San Miguel del Progreso”.
En el escrito presentado al RAN, se informó que la comunidad, en 2013 interpuso amparo contra dichas concesiones. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde finalmente la empresa desistió. No obstante, la SE volvió a emitir la “declaratoria de libertad de terrenos 02/2015”, en la que se ofrecían las tierras de San Miguel del Progreso para que otra compañía solicite o adquiera los permisos.
También manifestaron que hay riesgo latente de que las empresas que quieren explotar los minerales, lejos de protegerlos y de resarcir las condiciones de desigualdad, discriminación y despojo, incrementen la pobreza y provoquen la destrucción de la vida comunitaria.
Una parte fundamental de esta ley “es generar las condiciones para que el territorio esté protegido contra saqueos” y de que “los gobiernos en turno respeten los derechos de los pueblos originarios, máxime si ya están reconocidos en tratados internacionales y la Constitución mexicana”.
