Una universidad, como cualquier institución, es una construcción social contextualizada, producto de sus actores internos (sus creencias, intereses y prácticas) y de la injerencia de actores externos, actores determinados por sus condiciones sociohistóricas (cfr. Marx, Bourdieu). Por eso, por ejemplo, la UNAM (1910), el IPN (1936), la UAM (1974), Chapingo (1854), la UPN (1978) o la UACM (2001) son tan distintas, al ser producto de sus condiciones sociales y actores.
Mientras la UNAM fue creada por el gobierno dictatorial porfirista y reformada por sus actores en 1929, 1945 y, gradualmente, desde 1983 –durante el periodo neoliberal 1982/2018–, aunque conservando su régimen interno burocrático-autoritario-corporativo (convirtiéndola en una de las universidades más antidemocráticas del mundo); el IPN fue fundado por el gobierno cardenista posrevolucionario y sus formas de gobierno verticales prácticamente no han cambiado; la UAM, creada durante el gobierno represor de Luis Echeverría en plena guerra sucia, ha conservado su forma de organización departamental –y su antidemocrática Junta Directiva–. La UPN (https://bit.ly/3EDu0t8), instaurada por el régimen corporativo priísta de los 70 (en convergencia con el SNTE), ha mantenido un orden interno burocrático-autoritario-corporativo y desde 1992 fue desestructurada por la imposición de la reforma descentralizadora salinista-zedillista neoliberal. A diferencia de tales instituciones, las comunidades de Chapingo (constituida durante la dictadura de Santa Anna) y la UACM (conformada por el gobierno progresista de AMLO) han adoptado, en épocas distintas, una organización democrática-participativa y autónoma.
¿Por qué algunas universidades son autónomas o democráticas y otras no? La autonomía universitaria (académica, política y económica) y la democracia interna dependen de la confluencia o no de las fuerzas intervinientes en cada caso y de su contexto: verbigracia, la autonomía de la UNAM fue exigida desde 1914, pero se logró hasta 1929 (19 años después de creada), en una coyuntura propicia que permitió su democratización, autonomía posteriormente controlada por el Estado corporativo-patrimonialista mediante la Ley Orgánica de 1945, pactada entre Ávila Camacho y las autoridades universitarias (Jiménez, 2014: 201-205, cfr. https://bit.ly/3CwDXIx), al proscribirse los órganos paritarios de gobierno e instaurarse un régimen controlado por la burocracia universitaria (como han indicado en La Jornada Gabriel Vargas, Imanol Ordorika, Tatiana Coll y Julio Astillero); en cambio, la UACM obtuvo su autonomía en 2005 (a cuatro años de fundada) y rápidamente se instauró la democracia académica-participativa en su seno (https://bit.ly/3GIyxfK).
En contraste, la UPN ha mantenido una estructura autoritaria sin autonomía plena, después de 43 años de existencia, pese a que en 2007 se organizó un referendo sobre la pertinencia de su autonomía (con 90.5 por ciento de su comunidad en favor, de un total de 2503 votantes), cuyos resultados fueron rechazados por la SEP controlada por la alianza PAN/PRI, la cual se opuso a su autonomía en los años posteriores (2008-18).
Ante dicha estructura autoritaria, a lo largo de la historia de la Universidad Pedagógica Nacional se han dado infinidad de jornadas de lucha por su democratización, encabezadas por académicos y/o trabajadores administrativos y/o estudiantes (jornadas en las que la solidaridad entre sectores ha prevalecido). Particularmente, en los años 80 y 90 del siglo XX se verificaron decenas de movilizaciones estudiantiles y sindicales contra los efectos de las políticas económicas-educativas neoliberales impuestas a la UPN (iniciadas en 1982-1983), y por el reconocimiento de derechos –académicos, estudiantiles y laborales– y la democratización de los espacios universitarios (varios paros duraron meses, ante la cerrazón de las autoridades y los insuficientes espacios de participación democráticos) (https://bit.ly/2Y7FLZi).
La UPN fue desarticulada, saqueada y precarizada por las políticas neoliberales y corruptas impulsadas por los gobiernos federales y estatales (https://bit.ly/3mzHNL6), como represalia a su tradición de lucha, lo que la colocó en situación crítica. Ante este panorama desolador, y para remontar tal situación, la comunidad de la UPN decidió organizarse mediante un Congreso Nacional Universitario (CNU) basado en la democracia directa (para evitar la mediación de “delegados” sin escrúpulos), el cual se desarrolló, en su primera fase, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 (https://bit.ly/3nNz5IK).
El CNU mostró las fortalezas de la UPN (una red nacional de 313 sedes que atiende a más de 70 mil estudiantes) y sus comunidades, las cuales han logrado sostener a la universidad a pesar de los abusos de las burocracias gubernamentales federales y estatales de la era neoliberal.
El CNU llegó a múltiples consensos: restaurar el carácter nacional de la UPN y fortalecerla en todas sus esferas, mejorando y homologando las condiciones laborales y estudiantiles prevalecientes; democratizar la vida universitaria y modificar su estatus jurídico-político, otorgándole una mayor autonomía institucional (“académica”, “de gobierno”, “financiera”, “de gestión”).
La UPN está en posibilidades de una verdadera transformación, dejando atrás la pesadilla neoliberal, hazaña que dependerá de su comunidad y de dos actores externos: el H. Congreso de la Unión y el gobierno de la Cuarta Transformación.
* Consejero acadé[email protected]
