Este mes, Brenda Quevedo Cruz cumplirá 14 años en la cárcel. Sin sentencia. Procesada mediante una serie de retorcimientos de la ley y de la simple lógica que habrían sido inaceptables en un sistema de procuración y de impartición de justicia medianamente respetables.

El 28 de noviembre de 2007, Brenda fue apresada bajo la acusación de haber intervenido en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuya madre, Isabel Miranda Torres (apellidos mediáticamente conocidos como Miranda de Wallace) desplegó a partir de la desaparición y presunto asesinato de su hijo un activismo que la llevó a convertirse en habilitada “representante” de la sociedad civil, útil para validaciones escenográficas de ocupantes de Los Pinos, como Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que, a su vez, permitieron y respaldaron una serie de atropellos y salvajismos forenses y jurídicos que llevaron a la tortura y cárcel a personas como Quevedo Cruz.

Las hechuras a conveniencia de Miranda de Wallace tuvieron un acompañante ejecutivo: Genaro García Luna, quien designó a lo más sombrío de su equipo para cumplir con diligencias o encargos, varios de ellos caprichosos, ordenados por la madre del joven desaparecido. Sin embargo, hoy un juez revisará las medidas cautelares aplicadas durante casi 14 años, con la expectativa fundada de cambiar la prisión por el uso de un brazalete electrónico, como mínima e inicial medida de alivio.

El desmontaje del caso de Brenda Quevedo tuvo como pieza central las indagaciones, peritajes y pruebas presentados por un órgano del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que dirige Netzaí Sandoval Ballesteros. El 6 de mayo de 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT), creada en esta administración, denunció ante la FGR a María Isabel Miranda Torres por el delito de simulación de pruebas.

La defensoría pública gratuita aportó datos concretos: un empleado de Miranda ocupó en renta durante meses el departamento en el que se dijo encontrar una gota de sangre que inculparía a Brenda, tal sangre pertenecía al padre biológico del desaparecido y no al esposo de Miranda, como se había asentado.

Otra “prueba” desmontada se refiere al “hallazgo”, mediante un sistema de “extracción” de datos, de fotografías en la computadora de Brenda que la ligarían con el secuestro y asesinato del joven Wallace: el sistema invocado no tenía ninguna efectividad como la aludida.

Ante una gestión del IFDP, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas determinó que hubo “graves violaciones al derecho a un juicio justo” y que, en principio, se está en presencia de “un caso de tortura”.

Hoy, un juez federal resolverá si Brenda debe seguir en la cárcel o queda en libertad condicionada al uso de un brazalete electrónico. También habrá de verse si en instancias judiciales se considera viable avanzar en cuanto a las acusaciones contra la multimencionada Isabel Miranda de Wallace.

En medio de crecientes críticas a su gestión facciosa como presidente del comité nacional de Morena, Mario Delgado se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional y, luego, escribió un tuit cuya segunda parte busca figurar un espaldarazo a su gestión al frente del partido teóricamente en el poder.

“Es muy motivante constatar su satisfacción (de AMLO) con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento”, aseguró Delgado a partir de sus propias palabras y consideraciones. Habrá de verse si de manera explícita el jefe tabasqueño confirma la interpretación del ebrardista al que Paco Ignacio Taibo II, como consejero nacional de Morena, propuso renunciar si no entendía lo que en el país se dice de Morena, en particular sobre candidatos y elecciones, y al que también impugna el académico John Ackerman. ¡Hasta el próximo lunes!

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