Seis empresas gaseras vieron frustrado su intento de retomar la escalada de precios del gas licuado de petróleo (LP) después de que el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, les negara la suspensión definitiva contra el acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el cual se establece la regulación de precios máximos del hidrocarburo.
El titular de dicho tribunal, Juan Pablo Gómez Fierro, consideró que conceder la medida cautelar supondría un “perjuicio al interés social” y contravendría “disposiciones de orden público, debido a que se permitiría el alza en un artículo de primera necesidad o de consumo necesario, el cual constituye un insumo indispensable para la vida de las y los mexicanos”. Asimismo, reconoció que la decisión de regular los precios de gas LP atendió tanto a un análisis del comportamiento del mercado en el último lustro, como “a la existencia de elementos que mostraban signos de falta de competencia en el sector”.
En efecto, desde 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que la entrada de nuevos actores a este mercado tras la reforma energética de 2013 no se tradujo en una reducción de precios para el consumidor final, e incluso recomendó al gobierno federal tomar medidas con la finalidad de “generar presión competitiva a los distribuidores”.
Como La Jornada informó en agosto pasado, la mitad del mercado mexicano de distribución de gas LP está concentrado en apenas cinco grupos empresariales, que además no compiten entre sí, pues controlan diferentes regiones de nuestro país. De esta manera, un puñado de empresas domina un negocio de 134 mil millones de pesos anuales, y pudo imponer a su antojo los precios del energético hasta que el gobierno federal puso orden en el sector mediante la política de precios máximos que entró en vigor el pasado 2 de agosto y la puesta en operación de la compañía estatal Gas Bienestar el último día de ese mes.
En este contexto, la sentencia judicial dictada ayer da continuidad a una transformación trascendental en el funcionamiento de la institucionalidad mexicana, cuyo Poder Ejecutivo ha dejado de ser un mero órgano gerencial al servicio de los grandes capitales para recuperar su papel de rector del Estado y primer garante de los derechos de la población. Al tomar decisiones en función de las necesidades de las grandes mayorías y no del lucro de unos cuantos, se pone fin a tres décadas en que los gobernantes trataron a los gobernados como clientes y se les restablece a éstos su condición de ciudadanos, un giro de tal calado que escapa a la comprensión de las cúpulas empresariales y sus voceros.
