Morelia, Mich., Autoridades de los tres órdenes de gobierno instalarán en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, una base de operaciones mixtas para controlar a los grupos delictivos que operan en esta zona indígena que colinda con Jalisco, con los Reyes, Zamora y Jacona, donde hay graves problemas de seguridad y que han alcanzado a varios pueblos originarios.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que han sido enviados 300 elementos de manera permanente para garantizar la seguridad en la región, luego de que el pasado 1 de noviembre fueron asesinados 11 jóvenes cuando recolectaban miel en la zona serrana.

Desde este jueves en la tarde, decenas de patrullas arribaron a la carretera Jacona-Los Reyes, a la altura de Tarecuato donde comuneros mantenían un bloqueo carretero con varios vehículos retenidos, de los cuales tres habían sido incendiados.

Las autoridades de seguridad federal y estatal informaron que han iniciado un operativo en busca de criminales y de narco-campamentos en diferentes partes de la sierra para frenar la inseguridad y presencia de grupos delictivos.

En tanto, las comunidades purépechas de Tsirio, municipio de Los Reyes y de Arantepacua, municipio de Nahuatzen se solidarizaron con los habitantes de Tarecuato para exigir se frene la ola de violencia de los últimos años, producto de la ingobernabilidad y descomposición social.

En comunicados los dos pueblos originarios exigen que de manera inmediata se ponga en marcha un plan de seguridad que frente abusos y homicidios de grupos delincuenciales, porque esta región de la sierra indígena ha sido atropellada en sus elementales derechos ante inoperatividad de los cuerpos de seguridad.

“El estado debe frenar de manera especial donde hay focos de extremo peligro como en Tarecuato y Tangamandapio donde han sido asesinadas decenas de personas en el último año, incluyendo autoridades indígenas”.

La comunidad de Tarecuato cuenta con un grupo de seguridad comunitario desde hace meses, pero sus integrantes no cuentan con armamento profesional, debido a que oficialmente no son reconocidas.

“Requerimos que constitucionalmente los cuerpos de seguridad comunales sean legalizados”, para que sean los propios pueblos los que se puedan defender de criminales de acuerdo a sus usos y costumbres”, señaló Pavel Guzmán, dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.