Ante la nueva situación que prevalece en torno a la pandemia, las autoridades educativas deberán enfrentar el efecto diferenciado que dejó entre niños y adolescentes, particularmente la deserción y el desigual aprendizaje que conlleva esta condición especial para revertirlo, coincidieron Yanina Cueva, de Unicef México y Rosa Wolpert de Unesco. Sin embargo, alertaron que esto implicará dotar de recursos extraordinarios, los cuales, hasta ahora no se reflejan en el presupuesto.

Durante el Foro sobre los derechos de los niños y adolescentes, Cueva sostuvo que el retorno a clase implica tres grandes retos para garantizar un retorno seguro y enfocar las acciones a la recuperación del aprendizaje, cursos de nivelación porque el acceso de los estudiantes no fue en iguales condiciones en los diversos niveles educativos. Asimismo, atender el efecto en la salud mental para determinar en qué condiciones se encuentran los alumnos.

Explicó que de las deserciones escolares ocurridas, el 60 por ciento fue atribuida a que perdieron contacto con los maestros en tanto que 6.7 por ciento obedeció a la la carencia de dinero.

Razones

Por otro lado, durante el foro, David Santa Cruz quien laboró para Redim dio a conocer que entre 2007 y 2020 se tenía reportado la desaparición de 56 mil 8 niños y adolescentes, aunque, a diferencia del caso de desaparición de personas,, 45 mil 207, es decir, el 98.8 por ciento del total, fue localizado con vida.

Al respecto, la directora de Redim, Tania Martínez anunció el inició de una campaña en contra de la desaparición de personas, destacando que en este ámbito, el reclutamiento forzado de varones adolescentes “es lo que más nos preocupa”. Destacó que hay zonas donde existe una mayor vulnerabilidad en la infancia y adolescencia, como son las regiones donde opera el crimen organizado o bien cuando existen altos niveles de pobreza.

Por su parte, en torno a los menores en condiciones de migración, se destacó que no existe una política adecuada para impedir la violación de los derechos de los menores de edad. Melissa Vertiz, del Grupo de Política Migratoria destacó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no están adoptando protocolos que atiendan sus necesidades. Existen condiciones que favorecen agresiones en su contra y hay un uso desproporcionado de la fuerza y separación de familias.