Es un intento de control de daños, ante la indignación social reconcentrada a partir del video de la periodista Lourdes Mendoza, que el pasado 9 de octubre mostró a Emilio Lozoya Austin degustando un platillo oriental en el restaurante Hunan, de gran lujo, en las Lomas de Chapultepec.

En rigor jurídico, el ex director de Petróleos Mexicanos podría haber comido diariamente donde le diera la gana, siempre y cuando se mantuviera en la Ciudad de México y con su brazalete electrónico activado. La Fiscalía General de la República (FGR), en uno más de los extraños giros de esta historia, ni siquiera había pedido recluir al ex funcionario peñista en una cárcel o en su domicilio; extraña omisión que el propio juez del caso hizo ver en su momento, al establecer que él no debía imponer medidas cautelares que los acusadores no solicitaran.

Las imágenes del Hunan tuvieron tal impacto político y social que obligaron a cambiar el trato al acusado. La primera medida, ya presagiosa, consistió en exigir su comparecencia física, no más por la privilegiada vía virtual. Así, hubo de poner pie en una cárcel por primera vez en este proceso, al inicio para una diligencia judicial, luego ya para quedar formalmente tras las rejas.

La tortuguesca FGR en esta ocasión decidió irse abiertamente contra el buscador de criterios de oportunidad y cerró las puertas (¿en definitiva?) a las negociaciones. Una primera lectura parecería sugerir que el muy experimentado Alejandro Gertz Manero habría sido “chamaqueado” por el tecnócrata Lozoya, quien habría prometido delatar a sus superiores con pruebas que a fin de cuentas no consigue o presenta.

Más allá de la suerte cambiada para el multicitado Lozoya, ha de advertirse que este giro buscado por la FGR (adiós a la posibilidad del “criterio de oportunidad”) podría cancelar otra “oportunidad” de ir judicialmente contra Enrique Peña Nieto, el supuesto objetivo de los testimonios del ex director de Pemex, quien debería ofrecer pruebas contra quien fue su superior, Peña Nieto y no Luis Videgaray Caso, a quien se pretende dejar como chivo expiatorio sustituto. Una tras otra van cayendo, entre enredos y maniobras extrañas, las posibilidades de ir judicialmente contra Peña Nieto, suponiendo que alguna vez hubiera existido esa intención en la cúpula del poder actual.

En anteriores entregas de esta columna se advirtió del activismo político del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ayer estuvo en Palacio Nacional. Luego colocó dos tuits, con diferencia de cinco minutos uno de otro, casi con el mismo texto: Tuve reuniones importantes con el gobierno de México para discutir la reforma del sector eléctrico (...) expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos” (no dio aquí nombres de sus interlocutores).

Tres horas y media después, Salazar volvió a poner dos tuits, con leves modificaciones en la redacción (¿no podrá concentrarse en redactar sólo uno, bien pensado?) para informar que se había reunido con Rogelio Ramírez de la O, secretario “de Finanzas de México” y “las principales empresas estadunidenses” para “discutir oportunidades de inversión en el proyecto del Corredor Trans-Istmo de México. # WeProsperJuntos”. En décadas, ningún embajador estadunidense había adoptado un perfil tan abiertamente participativo (por usar un eufemismo) en asuntos nacionales.

No gozan de respeto político ni intelectual las opiniones de Vicente Fox Quesada, el incongruente personaje que como panista desplazó al Partido Revolucionario Institucional y luego se convirtió en alfombra convenenciera del propio PRI, empeñado en mantener a salvo negocios y riqueza potenciada a partir de su arribo a Los Pinos, antes de lo cual tenía finanzas anémicas o quebradas. Con tales prendas adversas, ningún favor hace a la diputada Margarita Zavala y a la senadora Lilly Téllez al proponerlas como cartas para la próxima sucesión presidencial. No les ayudes, “compadre”. ¡Hasta mañana!

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