Hemos abordado aquí en otras ocasiones algunas claves del actual régimen y del proyecto de nación que propone la 4T, así como de sus más notables claroscuros. Hoy, la coyuntura de la aprobación en el Congreso del paquete presupuestal 2022, nos vuelve a proponer una oportunidad para identificar las prioridades políticas e intenciones estratégicas del gobierno federal, bajo la clave interpretativa básica de que “prioridad que no está en el presupuesto, no es prioridad”.
Un rápido vistazo permite resumir sus principales ejes: fortalecer las fuerzas armadas y militarizar las funciones civiles; marginalizar los organismos autónomos; importancia retórica de la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas; así como la omisión del ambiente como prioridad oficial. Veamos un poco más de cerca algunos de estos rubros.
La Guardia Nacional, mediación predilecta del actual gobierno para el combate a la violencia y la inseguridad, ha experimentado un crecimiento constante en el gasto. Si bien sólo desde 2021 se ha podido observar de manera explícita cuánto se invierte en ella, dado que en 2019 y 2020 el presupuesto de esta institución estaba subsumido en el gasto programable para Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy podemos advertir con claridad que el presupuesto para la Guardia Nacional presenta un aumento de mil 800 millones de pesos respecto al ejercicio anterior, equivalente a un aumento de 6.6 por ciento de su presupuesto, que en total asciende a 29 mil millones para 2022.
Similar fortalecimiento experimenta la Marina, para la que se contempla un crecimiento presupuestal de poco más de 2 mil millones de pesos entre 2021 y 2022, cifra que corrobora la pauta de crecimiento sostenida desde el inicio de este sexenio con una suma de 5 mil 600 millones de pesos adicionales recibidos por la Marina en los últimos tres años, equivalente a un aumento presupuestal acumulado de 17.6 por ciento. Esta tendencia viene precedida de una pauta de incremento en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional que, si bien para 2022 contempla una disminución marginal, ésta ocurre luego de que entre 2018 y 2021 experimentó un aumento de 32 mil millones de pesos en su gasto anual.
Así, el conjunto del presupuesto asignado a fuerzas armadas y seguridad representa 3.32 por ciento del total del proyecto presupuestal gubernamental, cifra que contrasta con lo destinado para 2022 a organismos encargados de garantizar y profundizar el ethos democrático en el país, tales como INE, CNDH e INAI, por mencionar algunos; a los cuales se ha destinado apenas 0.38 por ciento del presupuesto. Si sumamos los montos de todos los organismos autónomos de la Federación, el total apenas alcanza 1.96 por ciento del presupuesto federal.
En alto contraste con la evidente apuesta por la militarización, el Presupuesto de Egresos de la Federación revela el pobre interés de este gobierno por encargarse de la atención de la crisis climática en el país y el planeta. Para 2022, los recursos contemplados por la 4T para acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, presentan una caída de poco menos de 4 mil millones de pesos frente a 2021, una baja porcentual de 5.6 respecto de 2021. Mientras, Pemex y la apuesta actual por los combustibles fósiles, vuelve a observar la pauta incremental sostenida desde el inicio del sexenio, concediéndole un aumento presupuestal superior a 91 mil millones de pesos para el próximo año, con el que ya la suma asciende a 37 por ciento de aumento presupuestal en sólo tres años. Las anteriores cifras adquieren visos de alta preocupación ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) y el alud de información sobre el alarmante estado de la crisis ambiental que ha puesto bajo el ojo público.
La lucha anticorrupción y la impunidad, así como una auténtica transformación de la vida pública del país, que han sido las prioridades discursivas de la 4T desde tiempos de campaña, se supondría deberían estar acompañadas por el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones destinadas a garantizarlas, así como a una atención profunda e integral de las problemáticas que más gravemente azotan al país. Pero el diseño del presupuesto oficial no condice con lo anterior, pues nuevamente son las fuerzas armadas las grandes beneficiarias de la real práctica política. Ciertamente, aún no concluye el proceso de deliberación y consolidación del presupuesto 2022; sin embargo, nada hace esperar que vaya a modificarse significativamente en sus grandes trazos.
Así, a la mitad de su camino, la 4T pareciera que da la espalda a sus principales claves discursivas y reincide en aplazar el urgente fortalecimiento de un estado de derecho en clave ciudadana; puesto que, mientras el fortalecimiento de la justicia, la democracia y los derechos humanos no se vean reflejados como prioridades presupuestales, no se podrá acreditar en los hechos la apuesta de este gobierno por la transformación de la vida pública del país.
