El Reclusorio Norte acogió ayer la primera audiencia abierta al público desde que en marzo de 2020 el Poder Judicial de la Federación ordenó realizar todos sus procedimientos vía Internet, debido a la pandemia de Covid-19. El regreso de la modalidad presencial no pudo ser más oportuno, pues la diligencia que se realizó ante el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza era de interés nacional: se trataba nada menos que de decidir si el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin se veía beneficiado por una sexta ampliación del periodo para el desahogo de pruebas o si, por el contrario, se daba paso a la siguiente etapa del juicio, que es la formulación de la acusación.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que Lozoya no ha cumplido los requisitos para tener un criterio de oportunidad, por lo que solicitó terminar el beneficio de fungir como testigo colaborador, así como revisar las medidas cautelares de libertad condicionada a prisión preventiva justificada. El juez coincidió en que existe un riesgo de fuga, y dictó la prisión preventiva al ex funcionario que desde ayer permanece en el mencionado reclusorio para enfrentar los cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Aunque el juzgador hizo explícito que en su sentencia no se consideraban los actos de exhibición cometidos por Lozoya en semanas recientes, puede presumirse que el cinismo mostrado con su asistencia a un restaurante de lujo el pasado 10 de octubre empujó a la fiscalía a un cambio de actitud hacia quien fuera personaje clave en la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia y en la aprobación de las reformas estructurales con que el peñanietismo y sus aliados panistas y perredistas buscaron hacer irreversible el modelo neoliberal y concretar la sumisión del Estado mexicano a los intereses de los grandes capitales.
La participación de Lozoya como beneficiario e intermediario en el reparto de sobornos de las empresas Odebrecht y Agronitrogenados lo coloca como uno de los máximos representantes de la podredumbre generalizada en la administración peñistas, y el que hasta ayer permaneciera en libertad constituía una constante afrenta a la ciudadanía y al aparato de procuración de justicia.
Cabe esperar que el accidentado caso seguido contra el ex funcionario no dé un nuevo vuelco decepcionante, que la FGR sustente de manera adecuada e irrecusable las pruebas de su responsabilidad en los delitos de que se le acusa, y que en lo sucesivo el desarrollo del proceso suponga un ejemplo en el combate a la corrupción; tanto por su propia sentencia, como por la información relevante que pueda proporcionar –como su defensa siempre ha afirmado que es su intención– acerca de los demás implicados en las tramas delictivas referidas.
