La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habría incurrido en un probable daño a la Hacienda Pública Federal por unos 134.5 millones de pesos, debido a que en la aplicación del Programa Nacional de Reconstrucción para la Atención de Sismos realizó pagos excesivos por diversas intervenciones cuya conclusión no pudo acreditar, se hicieron fuera de tiempo o incluso se cancelaron, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un estudio realizado como parte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2020, la entidad revisora del gasto público señaló que una de las razones para auditar este programa de la Conavi –organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano– fue que en 2019 no comprobó el reintegro de fondos por 225 mil pesos, por casi mil 900 intervenciones de vivienda, y esas observaciones siguen sin solventarse.
Al analizar la forma en que la mencionada institución ejerció sus recursos en 2020, la ASF documentó que habría hecho un uso equivocado de 130 millones 46 mil pesos, debido a que en 428 acciones no acreditó la conclusión o recuperación de las obras ni el reintegro de esos recursos a la Tesorería de la Federación.
En siete de las mencionadas acciones, el organismo autorizó pagos en exceso por casi 600 mil pesos, mientras en otras 238 erogó 106 millones de pesos por obras que no terminaron en el plazo establecido.
Asimismo, en otras dos intervenciones pagó un millón 416 mil pesos por obras que carecen de plazos para su ejecución y casi 22 millones de pesos más por 181 acciones que aparecieron como canceladas.
En otra presunta irregularidad, la Conavi habría generado un probable daño al erario por 4 millones 442 mil pesos, debido a que en 2020 pagó 870 pesos por cada una de las 11 mil 350 verificaciones realizadas en el contexto del Programa Nacional de Reconstrucción, en vez de los 478 que autorizó para ello en 2019, sin justificar la razón de dicho aumento.
Además de los dos pliegos de observaciones mencionados, la ASF dirigió cinco recomendaciones a la Conavi, entre ellas una para que abra una cuenta bancaria en donde haga un manejo específico de los recursos de cada ejercicio fiscal, y de esta manera asegure la transparencia en el uso de dichos recursos.
