Al evaluar el desempeño de la Secretaría de Gobernación (SG) en la conducción de la política de derechos humanos del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que “existen áreas de mejora en las cuales dicha dependencia debe prestar especial atención”, como la inexistencia de un mecanismo para determinar si las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) serán suficientes para revertir las causas estructurales de la crisis en la materia que pervive en el país.

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la ASF emitió nueve recomendaciones dirigidas a la dependencia que encabeza Adán Augusto López que buscan “dotar de eficiencia, eficacia y peso a las gestiones para la conducción de la política de derechos humanos desarrollada por la SG”.

En su evaluación, la ASF reconoció que las gestiones implementadas por Gobernación “han propiciado la mitigación de los efectos de la crisis de derechos humanos que subsiste”, pero encontró que hay una baja capacitación del personal de las instituciones con más recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la falta de medidas para reducir esos índices.

El organismo fiscalizador constató que en 2020 las dependencias federales registraron 2 mil 589 casos en que existió una prestación indebida del servicio público y en 2 mil 289 se faltó a la legalidad, honradez, lealtad y eficacia según los principios que rigen el servicio público, en tanto que en 2 mil 208 casos se omitió proporcionar atención médica.

Se constató que durante 2020 hubo 9 mil 920 servidores públicos federales capacitados en materia de derechos humanos, pero menos de la tercera parte de ellos pertenecían a las instituciones señaladas como las que tienen una mayor incidencia de violaciones a los derechos humanos.