Ciudad de México. El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, llegó hoy a las 9:10 horas al Reclusorio Norte, donde asistirá a una decisiva audiencia, que determinará el rumbo de su situación legal.

Lozoya llegó a bordo de una camioneta negra Tahoe, de la que tuvo que descender como cualquier otro ciudadano y caminar hacia la zona de juzgados, a la vista de decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos.

Las autoridades le negaron el privilegio de pasar directamente al edificio judicial, como había solicitado la defensa, a fin de evitar las imágenes.

Tampoco se le permitió entrar con escoltas. Sólo lo acompañaban su abogado Miguel Ontiveros y otras dos personas.

Bajo un tumulto de periodistas, Lozoya se negó a dar declaraciones y trató en todo momento de ingresar lo más rápidamente posible al área de juzgados.

En la audiencia se determinará si se le concede una nueva ampliación de tiempo para que se cierre la investigación complementaria.

La defensa buscará que se amplíe nuevamente el plazo dos meses más, pero serán los argumentos del Ministerio Público Federal una de las bases sobre las que el juez José Artemio Zúñiga Mendoza definirá si concede este beneficio o decreta el cierre de esta etapa.

Esta es la séptima ocasión en que Lozoya Austin solicita una ampliación para que no se decrete el fin de la investigación complementaria, ya que dede que aceptó ser extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, no ha comparecido físicamente ante un juez.

Dos escenarios

Funcionarios federales señalaron que estos son los escenarios para esta diligencia:

El primero es que ya no le otorguen la ampliación, se decrete el cierre de la investigación complementaria, se determine el inicio de la etapa intermedia y se otorgue un plazo de 15 días para que se presente la imputación y el desahogo de pruebas.

El segundo escenario es que el Ministerio Público pida que se suspenda el procedimiento contra Lozoya, esto es, que la FGR confirme ante el juez que al ex director de Pemex ya se le dieron las garantías de un testigo colaborador y entonces se detenga el proceso.

Esa alternativa no significa que ya no pueda ser juzgado, como los es ahora por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de provedencia ilícita.

En ese segundo escenario sólo se interrumpe el proceso judicial, el cual se reactivaria en caso de que las declaraciones y pruebas aportadas por Lozoya no conduzcan a sentencias en los juicios contra otros involucrados en actos de corrupción.

El fondo del asunto es la imputación de que recursos entregados como sobornos por la empresa petrolera brasileña Odebrecht fueron utilizados para el otorgamiento de contratos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como para obtener apoyo de legisladores de diversos partidos para aprobar la reforma energética en 2015.