Los trascendentes cambios en energía que el gobierno propone a la nación tocan nervios económicos y políticos profundos. Unos lo hacen por el mismo propósito de reformar la Constitución en significativos artículos largamente debatidos. Otros porque, de aprobarse, afectarán negocios al margen de la ley pero de gran envergadura. Los demás porque alteran, de raíz, la ruta del modelo concentrador que estuvo en boga durante décadas en el país. El resto porque implican un ensamble crucial para el crecimiento económico y el desarrollo con justicia. Pero, además, porque se rompen reacios intereses del gran capital, local y trasnacional.
Es, por tanto, indispensable profundizar el debate en marcha aportando datos y visiones que permitan a la ciudadanía formarse clara y precisa idea de lo que implica negar, cortar o aprobar la reforma ideada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que empezar diciendo que las empresas españolas que incidieron en la aventura reformista del régimen tanto priísta como panista de años pasados tienen una tenebrosa historia.
Tanto Iberdrola como Fenosa, ahora Naturally, estuvieron íntimamente ligadas al golpe de Estado de 1936 que desató la cruenta guerra civil española. Ambas, desde años previos a ese criminal golpe, estuvieron manejadas por reaccionarias familias aristocráticas de ese país. Las dos, también salieron fortalecidas de la guerra debido a innumerables prebendas recibidas del caudillo dictador, Francisco Franco. Las dos familias que las dirigieron hasta hace poco tiempo, no sólo incitaron a la rebelión militar, sino que invirtieron ingentes recursos en su apoyo. Ambas, también, fundaron y capitanearon a miles de paramilitares que persiguieron a los llamados “rojos”, eufemismo aplicado a los ciudadanos que promovieron al régimen republicano democrático español.
Esa es la prosapia golpista de las dos más importantes empresas que se apersonaron con los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con ellos y varios de sus funcionarios, intercambiaron elogios, regalos, ideas e intereses. Querían reproducir el proceso llevado a cabo dentro del franquismo que tanto los benefició.
Lo peor es que, en muy buena parte lo lograron. Ambas empresas han sido las verdaderas gananciosas de las célebres reformas de 2013. Ambas, también, indujeron, por una parte, el costosísimo –para el erario– mercado paralelo de electricidad y, por la otra, la ilegítima expansión de la industria del gas natural por ducto. Asunto que ha sido tan caro a miles de ciudadanos norteños (Monterrey).
Así que, ahora, los mexicanos padecemos de esta doble herencia maldita: la golpista y asesina y la del capitalismo de contubernios con el prianismo. Eso es lo que la opinocracia nacional defiende a capa y espada desenvainada: las jugosas e indebidas y hasta ilegales utilidades. Claro que las soslayan de manera por demás cínica y las tapan con conceptos como libertad, iniciativa de particulares, contratos firmados, energías limpias, tratados internacionales y demás parafernalia. Hay que decir, sin tapujos y como dato curioso, que la CFE ha generado, los últimos tres años, por lo menos, bastante más energía limpia que toda la iniciativa privada. Es imperioso denunciar, además, la apropiación que grandes grupos de empresas han hecho de la figura de los autoabastos y de los productores independientes (PIE). Suman, a sus negocios, un tanto más de 70 por ciento del total de las grandes cargas usuarias: de 77 mil que integran este desleal mercado paralelo. Los nombres son ampliamente conocidos, Femsa, (Oxxo) Pegaso (Movistar), Walmart, Salinas, Alsea, Soriana, Farmacias del Ahorro y el banco BBVA. Este último también español y con una historia de transas cuando fueron (Bancos Vizcaya y Bilbao) parte de familias vascas de alcurnia (Neguri).
Traer a colación este pasado de las empresas citadas, rellenadas de privilegios, es pertinente para entender y clarificar la extensa y maliciosa campaña desatada contra la reforma recién planteada. Los datos que se están aireando, sin embargo, comienzan a poner en su lugar las realidades. Hechos y visiones que se aportan para que la ciudadanía tenga precisa idea de lo que está en juego. Como es fácil apreciar, se requiere de valentía política para sobrellevar los costos de limitar los excesos en que incurrieron pasadas administraciones, en complicidad con el gran capital. Eso, también, implica soportar los insultos de opinócratas que, con soberbia inaudita, pueden sorrajar al Presidente epítetos como destructor o con juicio desintegrado y paranoico, como lo hace el valentón visionario de Silva-Herzog ( Reforma, 1/11/21). Sostener la libertad de expresión implica, como bien se ve, aceptar este tipo de arranques verbales pocas veces visto u oído. Problemas inherentes al trabajo para asentar la democracia con justicia tan ansiada por los mexicanos.
