Barridas por las aguas de la justicia (cosa rara en el Poder Judicial argentino), las numerosas causas abiertas por el macrismo contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) empiezan a desmoronarse como castillo de arena.
Éxitos relativos en fin, en una república que desde su creación (1862) ha vivido acosada por la discrecionalidad del poder militar/eclesiástico/financiero/mediático y judicial, con excepción de los gobiernos democráticos de Hipólito Irigoyen (1916-22/1928-30), Juan D. Perón (1946-55/1973-74), Raúl Alfonsín (1983-89), y los tres de Néstor Kirchner y CFK (2003-15).
Elegida presidenta en 2007 y 2011 con más de 45 y 54 por ciento de los votos, personajes del macrismo denunciaron a CFK en tres ocasiones, por supuesta “usurpación” del título de abogada. Las causas fueron archivadas por “inexistencia de delito”. Pero en 2016, el juez Claudio Bonadio intentó reabrirla, con igual resultado.
En 2019, durante el allanamiento a la casa de Cristina en El Calafate (provincia patagónica de Santa Cruz), Bonadio encontró en su biblioteca el prontuario policial del ex presidente Irigoyen y una carta del general José de San Martín al prócer chileno Bernardo O’Higgins (regalo de Vladimir Putin). Bonadio la procesó por “ocultamiento, destrucción y exportación ilegal de documentos históricos”.
El 19 febrero de aquel año (día de su cumpleaños) Cristina fue citada a declarar por Bonadio en ocho causas (sobornos en transporte, obra pública, peajes, compra de gas licuado, etcétera), con un lapso de 15 minutos a media hora entre causa y causa. Récord sin precedentes en el Poder Judicial argentino.
Junto con el brasileño Sergio Moro (verdugo de Lula), Bonadio formó parte del equipo de jueces entrenados por el Departamento de Estado en asuntos de lawfare (judicialización de la política), inventando causas, falsas imputaciones, y el encarcelamiento ilegal de ex funcionarios y líderes opuestos a la política de Washington en América Latina.
Pese a ello, las causas contra la actual vicepresidenta y titular del Senado caen poco a poco. En abril, por ejemplo, la Cámara de Casación Penal resolvió por unanimidad el sobreseimiento de la causa “dólar futuro”, que enfrentaban Cristina, Axel Kiciloff (gobernador de la provincia de Buenos Aires) y otros ex funcionarios del Banco Central.
Asimismo, en la primera semana de octubre, CFK fue sobreseída por el presunto encubrimiento de los autores del bombazo que demolió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, julio de 1994), en el centro de Buenos Aires (85 muertos, 300 heridos). Hasta la fecha, nadie sabe nada acerca de los responsables del ataque terrorista. Con excepción de Washington y Tel Aviv, que desde el primer segundo acusaron a Irán.
Argentina y la República Islámica de Irán suscribieron en Etiopía un memorando para establecer la verdad con el respaldo del Congreso nacional (enero de 2013). El acuerdo (que las derechas llaman “pacto”) nunca entró en vigor. Pero el fiscal Alberto Nisman unió ambas causas (encubrimiento+memorando) en enero de 2015, denunciando a CFK y a su canciller Héctor Timerman, de fraguar un “plan de impunidad” para encubrir a los “prófugos iraníes”. Pocos días después, Nisman se suicidó, o lo suicidaron.
Enredos propios del lawfare y de una justicia hiperpolitizada que en abril de 2015 Cristina explicó en pocas palabras: “Estamos frente a un modus operandi global, que no sólo lesiona severamente las soberanías nacionales, sino que genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color, que conectan a Paul Singer y el resto de los especulativos fondos buitres de Wall Street, con el fallecido fiscal Nisman y dirigentes de la comunidad judía local”.
Con todo, Cristina fue procesada con prisión preventiva por un juez de primera instancia en 2017, por el delito de “encubrimiento y traición a la patria”. Debido a sus fueros como senadora nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, no fue detenida.
Sin embargo, varios dirigentes del kirchnerismo sufrieron prisiones preventivas. Al ex canciller Héctor Timerman le costó la vida. El juez Bonadio (quien ya arde en el infierno junto con Al Capone) le impidió trasladarse a Estados Unidos para continuar un tratamiento oncológico iniciado antes de ser acusado.
A raíz del sobreseimiento a CFK, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que en Buenos Aires presume de “representar a 350 mil judíos” y opera como embajada paralela a la entidad terrorista llamada Israel, presentó una apelación contra el fallo, con el respaldo del macrismo y la trifecta mediática “ La Nación/ Clarín/Infobae”.
La DAIA pretende agitar la judeofobia con el propósito de demonizar al Frente de Todos (coalición gobernante). Una pretensión que mereció el repudio del Llamamiento Judío Argentino, en el comunicado “No en nuestro nombre” y dejando en claro que la DAIA “sólo expresa un interés inquisidor, faccioso y partidario, ajeno a la búsqueda de la verdad”.
