La Jornada publica hoy una extensa entrevista con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en la que el funcionario desgrana los múltiples mecanismos de saqueo a la nación implementados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de Carlos Salinas de Gortari, los cuales fueron ampliados y consolidados en la reforma energética promulgada por Enrique Peña Nieto y aprobada en el Congreso por los partidos del Pacto por México en 2013. Además, Bartlett desenmascara las falacias de que se sirven los opositores a la iniciativa de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar ese sector estratégico y poner fin a la sangría del erario.
La exposición del titular de la CFE muestra que todo el entramado jurídico e institucional creado por las administraciones neoliberales está expresamente diseñado para transferir la riqueza pública a manos privadas, sin reparar en el daño patrimonial ni en los riesgos a que se somete a todos los mexicanos y a la viabilidad misma del Estado. El propósito último de estas medidas es reducir a la CFE a la irrelevancia en generación a fin de entregar por completo el mercado a las empresas privadas, al mismo tiempo que la compañía pública continúa absorbiendo la totalidad de los costos de distribución y mantenimiento del sistema eléctrico.
Para llevar adelante este propósito, la iniciativa privada encuentra sus mejores aliados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y los tribunales, cuyas resoluciones adversas al interés nacional han permitido la perpetuación del atraco y obstruido todos los intentos del gobierno federal para terminar con los abusos. Por su parte, la CRE y el Cenace son responsables de obligar a la CFE a adquirir la energía de sus competidores, así como de permitir la proliferación de generadores privados por tres veces las necesidades de consumo en México para los próximos 20 años, con el consiguiente peligro de sobrecarga de la red eléctrica desarrollada a lo largo de 84 años con inversiones públicas.
Como ya se ha denunciado en este espacio, tales prácticas se sustentan en otros tantos mecanismos de simulación y rapiña. Por ejemplo, la preferencia dada a los privados en el “despacho” (la energía que se “sube” a la red) proviene de un acuerdo emitido por el secretario de Energía peñista Pedro Joaquín Coldwell, por el cual al asignar los despachos únicamente se considera el costo variable; es decir, el del combustible usado en la generación, sin tomar en cuenta los costos de infraestructura y financiamiento. Este solo esquema genera a la CFE pérdidas anuales por 215 mil millones de pesos, a los que se suman otros 222 mil 900 millones de pesos por la energía que está obligada a comprar a las empresas privadas.
El otro gran modelo de atraco es el que explica que las grandes empresas nacionales y extranjeras cierren filas en defensa de la contrarreforma neoliberal, y echen mano de todos los medios a su alcance para demonizar la iniciativa de la Cuarta Transformación. Se trata del llamado “autoabasto”, figura en la que miles de corporaciones se amparan para comprar energía generada por privados y subsidiada por todos los mexicanos porque los productores no pagan el costo de transmisión. Sólo queda invitar a nuestros lectores a que revisen y compartan el texto completo de la entrevista, pues la información es la mejor herramienta con que contamos los mexicanos en esta coyuntura en que se debate si recuperamos para las futuras generaciones el control de este sector estratégico, o si permanece como botín para los dueños de los grandes capitales.
