En el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, que se conmemora hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que la violencia que afecta a los profesionales de la comunicación es “un verdadero problema de Estado”. Urgió a las fiscalías del país a comprometerse en la investigación y sanción de los delitos contra este sector de la población.

Indicó que de acuerdo con los datos disponibles, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales. Pero también, agregó, tenemos los desplazamientos que la propia violencia o las amenazas generan, que no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que afectan la estabilidad de sus familias.

Ante ello, para poder terminar con la violencia y los altos índices de impunidad que alientan los crímenes cometidos contra periodistas, urgió que las fiscalías asuman su responsabilidad como autoridad investigadora y se concentren en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, no solo en los casos de asesinatos sino también por las amenazas de violencia de las que muchos son víctimas.

Refirió que entre los años 2006 y 2020 fueron asesinados mil 200 periodistas en el mundo; sin embargo, a pesar de que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre 2016 y 2020 los casos disminuyeron un 20 por ciento en comparación al período comprendido entre 2011 y 2015, “el dato que preocupa es que de cada 10 periodistas asesinados solo en un caso se hace justicia”, lo que significa que el 87 por ciento quedan impunes.

Agregó que de los 139 periodistas que fueron asesinados entre los años 2011 y 2020 en América Latina y el Caribe, el 41 por ciento de ellos había recibido amenazas antes de su asesinato.

En cuanto a los desplazamientos que afectan a los comunicadores y a sus familias, la CNDH consideró necesario encontrar una solución integral, que involucre tanto políticas públicas como medidas emergentes, de manera que se cuente no sólo con acciones de protección transitorias sino que “se reconstruya el tejido social, indispensable para la recuperación de la paz a que tienen derecho las y los ciudadanos de este país”.

Asimismo, la CNDH urgió al Estado mexicano “a construir mecanismos eficaces para atacar el problema de fondo, prevenir las agresiones, así como avanzar en la investigación y castigo de los delitos cometidos contra periodistas, de manera que se generen mejores condiciones de convivencia y desarrollo, que permitan desterrar la violencia y la impunidad”.

De igual manera, hizo un llamado a reflexionar y accionar sobre el grave problema de la violencia que afecta en particular a los profesionales de la comunicación. “Por tratarse de un problema que involucra múltiples factores, toca a las instituciones que conforman el Estado mexicano, defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y una de esas formas es mediante el aseguramiento de un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo”.

Recordó que estos delitos, tanto en México como en el resto del mundo, no deben ser entendidos solo como atentados en contra de individuos sino contra la sociedad en general, pues “se atenta contra nuestro derecho colectivo a la información y se crean las llamadas zonas de silencio que, según información de la UNESCO, se desarrollan a partir de acciones de intimidación como el acoso, secuestros, tortura, encarcelamientos arbitrarios, ataques violentos y asesinatos, que crean un clima de miedo en los profesionales de la comunicación, que los incita a la autocensura, impidiendo la libre circulación de la información, opiniones e ideas”.

En este contexto, la Comisión Nacional condenó los recientes asesinatos cometidos contra Alfredo Cardoso Echevarría y Fredy López Arévalo, periodistas en los estados de Chiapas y Guerrero, respectivamente, y exhortó a las autoridades correspondientes a investigar integralmente estos hechos, hacer justicia y evitar la impunidad.