Organizaciones defensoras de derechos humanos de México, Estados Unidos y Centroamérica condenaron el asesinato de un migrante cubano tras una agresión de la Guardia Nacional (GN) contra un vehículo en el que viajaban 13 personas, cuatro de las cuales resultaron heridas en Chiapas. Los hechos “forman parte de la situación general de violencia contra las personas migrantes necesitadas de protección internacional y de las graves violaciones a derechos humanos que se ejercen de manera sistemática, particularmente en la frontera sur”.

Agrupados en el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, organizaciones como American Friends Service Comitee, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Red Jesuita con Migrantes exigieron “la investigación y el esclarecimiento del asesinato; medidas de protección para los demás migrantes que estaban a bordo del vehículo y cese a la represión contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”.

Por separado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro expresó: “Los hechos registrados en Chiapas sobre el presunto uso de la fuerza letal contra migrantes por parte de la GN deben investigarse con celeridad por instancias civiles externas. De acreditarse, evidenciarían los riesgos de una corporación militarizada involucrada en asuntos migratorios”.

En el posicionamiento del Colectivo se advierte, ante los hechos ocurridos en Pijijiapan, que ya se habían documentado y denunciado previamente “los abusos, la represión y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de elementos de la GN hacia personas migrantes”.

Para el Colectivo, la política migratoria de la actual administración ha orillado a las personas necesitadas de protección internacional a buscar opciones en condiciones de “mayor riesgo y vulnerabilidad”, pues se han incrementado los obstáculos en los trámites de regularización migratoria y refugio. Ante la falta de acceso a derechos fundamentales “muchas personas buscan opciones para continuar su camino y encontrar condiciones de vida digna”.

En paralelo, “el despliegue de elementos de la GN en la frontera sur de México ha tenido como consecuencia violaciones a derechos humanos de personas en movilidad de manera sistemática”, lo cual ha sido denunciado.

En respuesta a una queja promovida por la organización civil Pueblos Unidos Migrantes (PUM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación en torno a estos hechos. En su queja, PUM denunció que elementos de la corporación dispararon contra los migrantes al no acatar la orden de “detenerse cuando la autoridad se los solicitó”, por lo que la CNDH pidió información a la GN y el Instituto Nacional de Migración.