San Cristóbal De Las Casas, Chis., Los pobladores del municipio de Aldama afirmaron que los integrantes del “grupo armado paramilitar de Santa Martha, Chenalhó” cometieron en octubre al menos “203 ataques contra las comunidades de Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik, Juxton y la cabecera”, a causa de una disputa por 60 hectáreas.

En un comunicado firmado por “La voz del pueblo de Magdalena Aldama”, gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, acusaron: “Han sido ataques directos a las viviendas; hay casas con plomo, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala; han sido atacados trabajadores que rehabilitan el camino, albañiles que construyen viviendas, contratistas, ingenieros y los policías que hacen recorridos”.

Puntualizaron que “las 60 hectáreas han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Ahí vivían siete familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas con armas de fuego y se refugiaron en los diferentes poblados de Aldama. Ese año se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalhó”.

Manifestaron: “Somos 115 comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados de nuestros hogares, de nuestras tierras, las cuales nuestros abuelos y padres nos han heredado, lo que está certificado ante el Tribunal Unitario Agrario, que nos reconoce como dueños legítimos.

“El gobierno ha hecho caso omiso a nuestras denuncias y sólo amenaza con meter a la cárcel a nuestros representantes. Ya estamos cansados de tantas amenazas y no hemos visto que actúe; sólo nos ha traído como su marioneta.”

Recordaron que en 2018 “las agresiones con armas de alto calibre se intensificaron, por lo que 2 mil 36 personas se desplazaron hacia las montañas” y el 14 de marzo de 2020 fue detenido “nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, recluido en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa”.

Señalaron que “el motivo de su detención fue que uno de los representantes de los 115 comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas por pobladores de Santa Martha, Cristóbal Santiz, es uno de los rehenes del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos (ex secretario de Gobierno y actual diputado federal), así como de la fiscalía estatal”, que entonces encabezaba el ahora legislador federal Jorge Luis Llaven Abarca.

“Desde 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad, afectando a 12 comunidades y a 5 mil personas. Hoy de nueva cuenta expresamos nuestro sentir. Como pueblo de Magdalena Aldama denunciamos públicamente las amenazas y agresiones que recibimos por parte de los grupos paramilitares de Santa Martha.”

Agregaron que “a consecuencia de las agresiones armadas a diario en nuestras comunidades de Tabac y Coco’, los trabajadores de la constructora que rehabilita dos kilómetros de camino abandonaron las obras porque no hay condiciones de seguridad”.

Mencionaron que los trabajos “ya debieron haber terminado, pero no ha habido avance, sino que está en peores condiciones, lo que afecta a los 12 poblados, ya que en la temporada de cosecha no pueden transitar los carros de carga”.

Además, “han quedado atrapados varios vehículos después de la destrucción del puente Tabac, por lo que la vida de nuestros hermanos está en riesgo, al igual que en ese tramo carretero de dos kilómetros.

Remarcaron que sólo quieren “vivir en tranquilidad y en paz para poder trabajar nuestras tierras”; por ello, exigieron que se cumpla el horario acordado de los recorridos de las fuerzas policiacas, de 9 a 16 horas, ya que “los elementos sólo vienen a recabar firmas de los agentes y no cumplen con el horario”.

Insistieron en que se dé solución inmediata al conflicto por las 60 hectáreas, ya que “nosotros ya mostramos nuestra voluntad con la repartición de nuestras tierras, pero no ha habido avance, pues los tres niveles de gobierno sólo manipularon la información y administraron el conflicto”.