La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México impugnó mediante un recurso de revisión el amparo que un juez federal concedió al ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de asociación delictuosa, trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, y publicidad engañosa.
El caso se remitió a un tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quien resolverá si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, quien el 14 de octubre le concedió la protección de la justicia federal.
En marzo pasado, un juez penal liberó órdenes de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y la ex diputada local del tricolor Sandra Vaca Cortés, así como contra otras tres personas, por los delitos antes mencionados.
Luego de una investigación conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera informó en ese entonces que congeló sus cuentas bancarias. Incluso la FGJ solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de estas cinco personas.
En septiembre, una juez penal del sistema tradicional dictó auto de formal prisión contra Claudia Priscila Martínez González, ex colaboradora del llamado rey de la basura, y una de las implicadas. La fiscalía capitalina informó en su momento que una vez que la probable responsable rindió su declaración preparatoria, la juez décimo séptima penal, con sede en el Reclusorio Oriente, le dictó el auto de formal prisión, por lo que enfrenta su proceso interna en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
Las indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía de Investigación en Delitos en Materia de Trata de Personas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas permitieron establecer que la mujer presuntamente publicó anuncios engañosos en periódicos e Internet con ofertas de trabajo para mujeres en las oficinas de un partido político (el PRI) para mujeres de entre 18 y 25 años.
