Ciudad de México. El pensamiento era recurrente: “no podremos, aquí va a tronar”. A diario se presentaban situaciones nuevas, problemas por resolver y la evidencia de que la información en papel no siempre da cuenta de la realidad. Eso y la decisión de actuar con equidad y justicia social se convirtieron en el mayor desafío que ha tenido el país en materia de protección de la salud: llegar a todas las personas mayores de 18 años para vacunarlas contra el coronavirus causante de la enfermedad Covid-19. Así lo vivió Ruy López Ridaura, coordinador nacional del Operativo Correcaminos.

En la víspera de la presentación del reporte sobre los logros de la campaña de inmunización en México, el pasado viernes en Campeche, el funcionario reconoció que sola, la Secretaría de Salud (Ssa), con sus métodos tradicionales, no habría logrado llegar a los 2 mil 470 municipios y las zonas más apartadas del país, donde están quienes históricamente “se han quedado atrás”.

Y se pudo hacer –indicó– por la experiencia y despliegue de los servidores de la nación y los voluntarios de programas de las secretarías de Agricultura y Educación Pública, entre otros. También se ha contado con la participación activa de los gobiernos de los estados y municipios. “Colaboración, solidaridad y que se estableciera como una estrategia vigilada desde la Presidencia de la República han sido claves, incluso en las entidades donde al inicio hubo alguna resistencia”, dijo convencido.

Con ese porcentaje de vacunación, México es de los países con mayor población protegida contra el virus SARS-CoV-2. Incluso está por arriba de naciones como Reino Unido, que alcanza 74.5 por ciento de personas vacunadas, y Estados Unidos, que reporta 67.3 por ciento, destacó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

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En conversación con La Jornada, ambos funcionarios presentaron un amplio panorama de lo realizado para lograr la meta de aplicar el antígeno contra el coronavirus a los adultos y de los desafíos vigentes, como la escasa respuesta de las mujeres embarazadas.

Desde mayo pasado que inició la vacunación para este sector, ha acudido menos de la mitad de la población objetivo, estimada para este año en un millón 200 mil gestantes.

López-Gatell explicó que ha prevalecido la desinformación e incluso la oposición de médicos gineco-obstetras que dudan de la seguridad de los biológicos y no los recomiendan, aun cuando los decesos por Covid-19 representan la principal causa de muerte materna en el país.

El subsecretario destacó que mientras en este tema, reconocido como una necesidad de salud pública, hay falta de información, del otro lado existe una supuesta demanda social para inocular a los menores de edad sin comorbilidades, no obstante el bajo riesgo que tienen de presentar complicaciones graves por la infección. Esto también da cuenta de que el plan de vacunación ha lidiado con la desinformación y los intereses políticos y comerciales, sostuvo.

En cambio, en los participantes del Operativo Correcaminos, integrantes de dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, ha prevalecido el entusiasmo, acotó López Ridaura.

Al principio parecía que se trataba de “anidar” el plan en lo que ya se hacía en el Programa Universal de Vacunación. Pero los responsables del plan muy pronto se dieron cuenta de que la tarea era bastante más compleja por factores como que la meta era lograr una cobertura universal, lo que no se había hecho antes para ninguna otra vacuna.

Como encargado de las acciones y coordinación con las diferentes autoridades, el epidemiólogo explicó que la vacunación contra el coronavirus ha sido una estrategia que se construyó día a día. “Nos teníamos que adaptar a las necesidades y eso le da una dimensión totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados”.

La dinámica de la proveeduría con vuelos que llegan todas las semanas con distintas cantidades de biológicos con esquemas diversos (de una o dos dosis), la distribución y necesidades específicas de almacenamiento, entre otros elementos, hacían imposible “encajonar” el plan en otro que ya tenía reglas definidas de operación.

López Ridaura tiene varias historias qué contar. Una de ellas sobre la red de frío (refrigeradores y cámaras de frío) que se suponía había en centros de salud y jurisdicciones. Son indispensables para asegurar la estabilidad y eficiencia de las vacunas. Los informes y estadísticas decían que los equipos estaban en esos lugares, pero ocurrió varias veces que no servían.

Hubo necesidad, entonces, de que los servidores de la nación hicieran un recorrido por cada inmueble, corroboraran el estado de los equipos y se repusieran donde se requiriera. Otro asunto a considerar ha sido el retraso en el registro de las vacunas aplicadas que, en parte, explica la diferencia entre la cantidad de dosis recibidas con respecto a las utilizadas. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) explicó que a diario hay, en promedio, 8 mil módulos de vacunación activos, los cuales tienen que reportar lo realizado cada jornada.

Por razones diversas hay un rezago en 5 a 6 millones de reportes. Es decir, son vacunas distribuidas y aplicadas, pero no reportadas en la plataforma electrónica de la Ssa.

Otra parte son las dosis que están en tránsito, entre ellas las programadas para completar esquemas de inmunización.

Desde que los biológicos llegan al aeropuerto hasta su destino final en los módulos y macrocentros de vacunación, pasan de 10 a 15 días. En las últimas dos semanas, esa brecha entre lo recibido y lo aplicado se hizo más grande porque se recibieron casi 20 millones de dosis.

Es decir, “no están perdidas”, afirmó López Ridaura, quien es reconocido por su jefe López-Gatell como un “mariscal de campo” por su visión amplia de la política pública, liderazgo y amplia sensibilidad social, sin lo cual “no habríamos logrado el éxito” en la vacunación contra el coronavirus, aseguró.