Durante la primera etapa de este sexenio, los grandes proyectos de infraestructura emprendidos por el gobierno federal dividieron a las comunidades indígenas en los territorios involucrados.
“Si bien no contaron con el rechazo absoluto, tampoco tuvieron el aval, porque en algunos casos se convirtieron en una razón de lucha y resistencia para integrantes de varias poblaciones originarias”, señala el informe En ruta hacia la paz, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Estas obras tuvieron impacto negativo en las relaciones intracomunitarias, sostiene.
En su capítulo sobre la defensa del territorio en las comunidades indígenas, Serapaz reconoce que una de las demandas centrales es el reconocimiento de la autonomía y libre determinación, en respuesta no sólo a las amenazas hacia su entorno natural, sino también por la constante y sistemática violencia que experimentan en sus territorios y que está asociada, la mayoría de las veces, a la instalación de diversos proyectos de infraestructura, de minería y de transporte.
Destaca que los pobladores aseguran que sufren el permanente acecho de “otros proyectos de explotación de bienes naturales –entre ellos: tendido de ductos de gas, de agua, instalación de generadoras de energía hidro y termoeléctricas, así como de la extracción de petróleo por fracking, al igual que proyectos eólicos, de privatización del agua, mineros, carreteros, aeroportuarios, inmobiliarios, turísticos y de explotación de bosques, además de corredores industriales, presas y represas, zonas francas y asentamiento de monocultivos— que también impactaron a comunidades rurales y urbanas”.
Algunos de los planes de obras han derivado en procesos legales interpuestos por las comunidades.
Los referidos desarrollos centraron la discusión sobre las repercusiones en materia de economía, empleos, desarrollo local y nacional, “pero también sobre la defensa que hacen las comunidades indígenas de sus territorios”. No sólo los megaproyectos federales –asevera Serapaz–– han provocado cuestionamientos entre asentamientos rurales, sino también algunos de los programas gubernamentales, como Sembrando Vida.
“Ya que representaron apoyos individuales y no existía consenso, o debido a diferencias del subsidio entre los habitantes; en algunas poblaciones se presentaron objeciones, como en Chiapas”, que se han ido transformando en niveles de resquebrajamiento del tejido social.
Dos visiones
En la valoración de Serapaz, la discordancia entre los proyectos nacionales y las posturas comunitarias radica en la visión de “bioculturalidad” de los pueblos indígenas; es decir, frente a la concepción que tienen del territorio, en la cual la pretensión “extractivista” no tiene aceptación, dado que los cambios que generan los megaproyectos “socavan la reproducción de la bioculturalidad y destruyen de manera irremediable la cultura y cosmovisión asociadas a la tierra”.
