Además de las irregularidades en el gasto público, los estados y municipios enfrentan una elevada contratación de deuda, que a junio pasado acumula un saldo de 622 mil 274.6 millones de pesos, cifra que equivale a 68.6 por ciento del total de las participaciones que reciben por transferencias federales.

Pese a que el nivel de pasivos está controlado, vía la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, así como el sistema de alertas que maneja la Secretaría de Hacienda, cuatro entidades poseen un nivel superior de obligaciones, respecto de sus ingresos de libre disposición, lo que limita su margen de operación: Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, cuyo endeudamiento público rebasa, respectivamente, en 153.2 por ciento, 125, 106.7 y 135.7 por ciento su deuda, respecto de los ingresos de libre disposición.

Además, según información de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, las entidades recurren a prácticas financieras irregulares para sostener su operación.

El coordinador de finanzas del grupo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, señaló en entrevista que los estados deben 42 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y 20 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por el ISR retenido a los trabajadores y no enterado a la Tesorería. Incluso, utilizan el ISR para pagar las nóminas, lo cual ha provocado un “boquete financiero”.

En la Ley de Ingresos de la Federación 2022, el Congreso aprobó que el Issste pueda requerir que Hacienda cobre los adeudos con cargo a las participaciones y transferencias federales de ese año, aunque la secretaría garantizará que los gobiernos cuenten con solvencia.

Además, se autorizó al Issste suscribir convenios de regularización de adeudos y aceptar como fuente decobertura del adeudo bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago.

En ese mismo tenor, se avaló al Instituto Mexicano del Seguro Social suscribir convenios con los estados con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, e igualmente podrá aceptar bienes inmuebles.

Los estados y municipios necesitan de las transferencias federales para funcionar. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pero tal dependencia es “extremadamente alta”, y para el gobierno de Guerrero es “un caso extremo, pues casi la totalidad de los recursos con los que opera son federales”.

El próximo año, el gasto federalizado ascenderá a 2 billones 108 mil 868.6 millones de pesos, 4.7 por ciento real más. No sólo representa 30 por ciento del gasto neto total, sino también 7.5 por ciento del PIB.

Aún así, según cifras de la ASF, será similar a 2019 –29.8 por ciento del gasto neto total, cuando no había pandemia–. Para septiembre, las participaciones por la recaudación federal participable fueron menores 1.2 por ciento a lo estimado por Hacienda, esto es 6 mil 839.7 millones.

La operación de las entidades implica recurrir a la deuda pero, según la ley, cuando se clasifican en “observación”, como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, sólo pueden endeudarse hasta por 5 por ciento del total de sus ingresos.